La Mesa del Tabaco, integrada por todos los operadores del sector, ha alertado de que la directiva europea sobre el tabaco pondrá en peligro 56.000 empleos, disparará el contrabando, que llega al 35 % en Cádiz, y reducirá los ingresos por impuestos que este año serán mil millones de euros menos.
Así lo ha explicado hoy en Madrid su portavoz, Juan Páramo, quien ha asegurado que España sería uno de los países más afectados y ha mostrado su desacuerdo en la "intervención extrema de la UE" que "propone medidas sin ningún rigor científico que no han tenido en cuenta nuestras advertencias".
La directiva presentada este miércoles apuesta por reducir el atractivo del tabaco y combatir su consumo en la Unión Europea mediante la inclusión de más mensajes disuasorios en las cajetillas de cigarrillos y la prohibición de los aditivos que mejoran su aroma y sabor, como el mentol.
Páramo ha afirmado que estas restricciones ponen en riesgo los casi 10.000 millones de euros de la recaudación del Estado por impuestos especiales al tabaco, que supone el 6 % del total.
Ha subrayado que España "no se puede permitir el riesgo de la pérdida de esos 56.000 puestos de trabajo".
En relación a las medidas planteadas por Bruselas en la directiva, ha denunciado la pretensión de una completa estandarización con un empaquetado genérico, y la elevación al 75 % de la superficie el espacio dedicado a las advertencias sanitarias, que junto con las laterales, dejaría libre para la marca "solo el 10 % de la cajetilla".
Una situación que, a juicio de Páramo, supone una "clara expropiación de los derechos de marca de los fabricantes".
Ha asegurado que el objetivo de Bruselas de prohibir sabores y aromas para que todo el tabaco "sepa igual" impedirá que el consumidor pueda diferenciar entre los diferentes productos.
De esta forma, ha añadido, "el precio será lo único con lo que se podrá competir, lo que causará un empobrecimiento de la cadena de valor y un aumento de las redes de contrabando, que no están sujetas a ningún tipo de control sanitario".
El portavoz de los cultivadores de tabaco, Ricardo Miranda, ha señalado que España es el cuarto país productor de la UE y que serán sus agricultores los más afectados, ya que "nuestras cosechas se dejarán de hacer aquí para ir a países terceros, ya que el tabaco de calidad y la producción en España dejará de ser atractiva."
Ha matizado que el sector ha realizado inversiones en mejoras por valor de 60 millones de euros y que, con esta directiva, "no sabemos si se van a poder amortizar".
La portavoz de los estanqueros, Salomé Ibáñez, ha resaltado que las medidas restrictivas de Bruselas provocarían un fuerte aumento del contrabando.
Ha afirmado que las fuerzas de seguridad están alertando del mayor número de mafias de contrabando y que éste ha pasado de representar el 6 % de las ventas en 2011 al 12 % de la actualidad.
En concreto, ha hecho hincapié en los niveles del 35 % alcanzados en Cádiz y donde por primera vez se han cerrado estancos por no ser rentables (siete en total).
Ibáñez ha alertado del riesgo que esta situación supone para la seguridad del consumidor, ya que ese tabaco que introducen las mafias no cuenta con ningún tipo de control sanitario que vigile qué producto se está introduciendo en los cigarrillos.
Tanto Páramo como Ibáñez han precisado que si los niveles de contrabando en Cádiz se extendieran a toda España, el Gobierno podría dejar de ingresar por impuestos especiales 3.500 millones de euros.
El portavoz de la Mesa del Tabaco ha valorado los pronunciamientos en favor del sector que han realizado los parlamentos de Canarias, Extremadura y Navarra y los que están promoviendo otras comunidades como Rioja y Cantabria.
