La organización ecologista Greenpeace ha alertado hoy, ante la "amenaza" de una nueva "burbuja inmobiliaria" en la costa española, sobre 53 zonas de alta presión urbanizadora -once en Andalucía, entre las que se encuentran Barbate, Los Caños de Meca, Zahara de los Atunes y Conil, entre otras-, que no están protegidas y se encuentran cerca de zonas ya urbanizadas y bien comunicadas o espacios naturales.
En su informe "Protección a toda costa", Greenpeace parte de la hipótesis de la posibilidad de que se esté produciendo una "nueva edad de oro" del ladrillo, después de que el mercado de la vivienda creciera en España en 2016 "a un ritmo que no se veía desde hace una década".
Por ello, pone el foco en aquellos espacios que quedan sin urbanizar en la costa, los que aún no están protegidos y que podrían ser los emplazamientos donde la construcción, tanto de viviendas como de infraestructuras "se pudieran cebar en un futuro", al ser las más codiciadas por los promotores inmobiliarios.
Estas áreas se caracterizan por no estar ya muy saturadas de ocupación artificial y por su fácil accesibilidad, por lo que "la mejor forma de proteger es dificultar el acceso", según se señala en el documento.
De las 53 zonas identificadas en España, once se encuentran en Andalucía: de Isla Canela a Isla del Moral, Isla Cristina-Islantilla (Huelva), Caños de Meca-Conil, Chipiona-Sanlúcar y Barbate-Zahara de los Atunes, Torreguadiaro (Cádiz), Sur de Motril (Granada), Torre del Mar (Málaga) y Roquetas-Aguadulce, tramo Oeste de Almerimar y San Juan de los Terreros (Almería).
Otras zonas recogidas en el informe son Güimar-Aeropuerto Sur y Punta del Hidalgo-Mesa del Mar (Tenerife), Formentera, sudoeste de Ibiza, la costa norte de Gran Canaria y la oriental de Fuerteventura, el litoral sudoriental de Mallorca, Águilas-Cabo Cope (Murcia), el fondo de la ría de Vigo, Cullera-Gandía (Valencia) y el tramo Mataró-Girona (Cataluña), entre otras.
"No podemos permitirnos el modelo que nos ha llevado a la ruina económica de nuestro país ni la impunidad sobre las leyes medioambientales, ha afirmado la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, quien ha considerado "especialmente escandaloso" el caso del hotel El Algarrobico, en el Cabo de Gata (Almería).
Para no cometer los errores del pasado ante un posible resurgir urbanizador, la organización propone la puesta en valor de las figuras de protección de la naturaleza y de las zonas que limitan con estos parques porque son las que están en mayor riesgo y reclama la planificación del litoral en su conjunto, "no municipio a municipio".
El documento de Greenpeace mide las variables de la ocupación del dominio público marítimo terrestre, la superficie artificial, los espacios naturales protegidos, los hábitats de interés incluidos en la red Natura 2000 y las áreas de alta presión urbanizadora.
Del análisis se desprende que el 31,8 por ciento de la franja del dominio público marítimo terrestre en España está ocupada y destacan las provincias de Málaga y Cádiz, con el 74,9 y 71,3 por ciento de la primera línea de costa construida.
De otro lado, Greenpeace concluye de que solo un 27 por ciento de la costa española está protegida -un 24 por ciento en el caso de Andalucía-, clasificación que encabeza Huelva debido a la presencia del entorno del Parque Nacional de Doñana, seguida de Tenerife (59,7%).
Para la elaboración de informe, el Observatorio de la Sostenibilidad junto con Greenpeace ha analizado 7.880 kilómetros lineales de costa española -incluidas las islas-, que ha cruzado con 21.000 parcelas del inventario de hábitats.
Los porcentajes bajos de protección territorial no implican necesariamente mala gestión porque pueden tener una legislación normativa y voluntad política "muy claras" que garanticen la conservación de la costa, precisa el informe.
