Emvisesa, o sea: el Ayuntamiento de Sevilla no se entera. Mejor, no se quiere enterar. Para que una cuota mensual de una vivienda, sea en compra o alquiler pueda ser soportada sin dañar la economía familiar, no debería pasar del 20% del salario. Todo lo más, haciendo muchas concesiones a la empresa promotora y al banco financiador y exprimiendo al máximo esa frágil economía familiar, es decir, minorando el gasto en ropa, en calzado y en alimentación, esa cuota podría alcanzar hasta el 30%. De ninguna manera el 70 y 80% que alcanza en la actualidad, ni por supuesto el 40, 50 y 60% en el caso de la empresa pública municipal. Porque, por si no habían caído en la cuenta, no está de más recordar que el 30% de mil, son trescientos. Eso es lo máximo que se debería pagar por un piso para poderlo pagar sin obligarnos a clausurar la cocina.
Pues el Ayuntamiento lo ignora o eso parece cuando pide por un piso de dos dormitorios en alquiler entre 350 y 400 euros, más gastos comunes. Si el Ayuntamiento a través de su empresa pública cobra por una vivienda en venta muy poco menos que un promotor privado de VPO y en alquiler “algo” menos que el particular o el fondo buitre, primer punto: ¿dónde está la acción social? Segundo: ¿dónde está el beneficio del Ayuntamiento? Que a esos precios por fuerza tiene que tenerlo, pero no se ve. Un beneficio que podría servir para construir más viviendas. O para venderlas y alquilarlas a precios realmente asequibles y diferenciados de los privados lo que, de camino, ayudaría a forzar la bajada de esa locura de precios a que ha llegado la vivienda.
Eso sería colaborar. Pero, no. Llaman colaborar a vivir en un recinto de dos habitaciones -habrá que ver el tamaño- con lavandería en la planta baja y cocina común, “por la menudencia” de seiscientos euros mensuales. Y son llamados “alojamientos colaborativos”. Si hubiera multas por cargarse el idioma, los políticos y funcionarios no ganarían suficiente para mantener su lujoso, equívoco y malintencionado vocabulario.
