Sevilla ya tiene un nuevo título honorífico: haberse convertido, por acuerdo del pleno del Ayuntamiento, en la primera gran ciudad española en declararse en emergencia climática, a imitación de Cataluña, que como comunidad autónoma ya lo hizo antes, el pasado mes de mayo. El Diccionario de la Real Academia Española define emergencia en su tercera acepción como “situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata”. El cambio climático y sus catastróficos efectos es cada vez más evidente pese a los inevitables negacionistas que, por negar, hasta niegan la llegada de la Humanidad a la Luna, pero la respuesta inmediata no está implícita en la declaración municipal.
Se limita al compromiso de la realización de una futura campaña informativa para mentalizar a los sevillanos sobre la situación y a elaborar un nuevo Plan de Acción por el Clima que impulse el autoconsumo energético y la renaturalización de la ciudad. ¿Y hace falta esperar a redactar un nuevo Plan en vez de incentivar desde ya la instalación de paneles fotovoltaicos y el aislamiento térmico, como preconizaba Espadas en sus antiguos tiempos de senador? ¿Hay que esperar a un nuevo Plan para plantar muchos más árboles que los prometidos en campaña electoral? Sin acciones inmediatas, esta condición pionera de primera urbe en emergencia climática amenaza con convertirse en una declaración retórica más.