Aplazan juicio de los ERE para dar tiempo a la defensa

La sesión de hoy del juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta ha sido suspendida al pedir la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández tiempo para preparar sus conclusiones finales tras las "modificaciones esenciales" realizadas ayer por la Fiscalía.

Tras presentar ayer sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público, las acusaciones populares de PP-A y Manos Limpias y las defensas de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hoy era el turno de la defensa de Fernández, cuyo abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha pedido suspender la sesión al considerar que, de lo contrario, se vulneraría el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de su cliente.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle, ha realizado un receso de 20 minutos para deliberar, después de lo cual ha acordado aplazar el juicio hasta mañana, debido al derecho de los acusados a la defensa y a un juicio sin dilaciones indebidas.

En su exposición -interrumpida varias veces por el juez para que concretara "qué modificaciones" de la Fiscalía consideraba "esenciales" y para que no hiciera "valoraciones"-, el letrado ha razonado que bajo cambios de "aparente inocuidad" el Ministerio Público "pretende decir a la sala donde dije digo, digo Diego" y "aquí nadie se chupa el dedo".

La defensa de Fernández ha apuntado a la "batalla judicial" que la Fiscalía y la Junta, como acusación particular, mantienen para que varios de los acusados de prevaricación y malversación, al crear o mantener un "procedimiento específico" para dar 850 millones en ayudas sociolaborales, sean también juzgados en las piezas separadas por la concesión y pago de cada una de las ayudas otorgadas durante una década con ese sistema.

El juzgado instructor de las piezas separadas y la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que ve los recursos de éstas lleva "más de dos años" excluyendo de las piezas separadas a los ex altos cargos que son juzgados en la pieza política, al considerar que en la misma ya están siendo procesados por los mismos hechos.

Sin embargo, la Fiscalía y la Junta -que se retiró como acusación de la pieza política- han recurrido cada una de esas exclusiones e incluso en las cuestiones previas del juicio de la pieza política pidieron al tribunal un pronunciamiento expreso sobre qué se juzgaba, ante lo que dictó un auto el 9 de febrero aclarando que las ayudas concretas no eran objeto del procedimiento.

Pese a ello, han seguido recurriendo exclusiones dictadas posteriormente y en varios autos desestimando sus recursos, la Sección Séptima de la Audiencia ha culpado al "afán globalizador" del Ministerio Público al acusar a los procesados en la pieza política de delitos continuados de prevaricación y malversación de que no puedan ser juzgados también en las piezas separados pues se vulnerarían sus derechos constitucionales.

Según el abogado de Fernández, en sus calificaciones definitivas, la Fiscalía ha eliminado las alusiones en el relato de los hechos a la concesión y pago de las ayudas sustituyéndolas por expresiones "ambiguas" para seguir acusando de malversación a su defendido y otros procesados pero abriendo la puerta a que en la sentencia, el tribunal "dejara fuera los hechos sobre la concesión y pago de esas ayudas que esta parte considera que forman parte de este proceso y la sala debe pronunciarse sobre ellos".

En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía alude a que la "materialización" de las ayudas y "otros pagos ajenos a la finalidad del programa presupuestario" fue "posible" gracias al "procedimiento objeto de instrucción y, en su caso, enjuiciamiento en previas separadas e independientes de ésta en las cuales se practican diligencias para el esclarecimiento de las concretas circunstancias en las que se concedieron, tramitaron y pagaron esas ayudas".

Con ello, según el letrado, el Ministerio Público deja la puerta abierta a que el tribunal de la pieza política no se pronuncie en sentencia sobre la participación de los encausados en la concesión y pago de las ayudas para poder reclamar que se les juzgue por ello en las piezas separadas, si bien la defensa entiende que en cualquier caso sería "cosa juzgada" al no haber retirado el fiscal la acusación por malversación, cosa que sí ha hecho Manos Limpias.

Por todo ello ha pedido la suspensión para respetar el principio de igualdad de armas y posibilitar a la defensa someter a contradicción los cambios de la Fiscalía, y el tribunal ha accedido a ello hasta mañana.