Lío a la vista en las cajas

La creación por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero del llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), con dinero y avales públicos, ha propiciado que se vayan activando fusiones financieras, ya con nombres y apellidos. Así, son conocidas las intenciones de Unicaja, Cajasur y Caja Jaén de crear una gran caja andaluza o las de Terrassa, Sabadell y Manlleu con vistas a unirse en Cataluña, fruto de un proceso de convergencia que también podría repetirse con Caja España y Caja Duero, en Castilla y León. Más complicado ya parece que pueda haber fusiones interterritoriales, como la que algunos quieren promover, desde Madrid, entre la CAM, Caixa Galicia y Caja Madrid.

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La crisis financiera y, en particular, la intervención del Banco de España en la Caja Castilla-La Mancha pusieron las cajas en el punto de mira de las autoridades económicas, que lejos de guardar discreción abrieron el melón de las fusiones sin una mínima hoja de ruta pactada, lo cual está dando pie a un sinfín de especulaciones que no parecen conducir a nada bueno, cuando lo que está en juego es algo más de la mitad del sector financiero español. Tamaña irresponsabilidad ha dado cancha a todo tipo de piratas, a menudo al servicio de intereses territoriales y casi siempre para mayor gloria de la banca privada, que se frota las manos contemplando el lamentable espectáculo que se está produciendo a la vista de todo el mundo.

Es evidente que si el Ministerio de Economía y el Banco de España propician, con suculentas ayudas, las fusiones de las cajas es porque hay entidades que están mal, como resultado de la crisis financiera. Si se pretende que queden unas quince o veinte cajas en toda España es porque se cree que de ese modo, haciéndolas más grandes y fuertes, podrán sobrevivir. Hasta ahí, nada que objetar. El problema, que puede terminar –¡ojo!– en desconfianza de los clientes, se da cuando empieza el bailoteo y unos asumen el papel de machistas hacendados que compran mujeres en matrimonio y otras parecen esas pobres adolescentes africanas a las que sus familias venden al mejor postor. Francamente, es una estampa grotesca, también propia de la ley de la selva.

No es fácil, desde luego, resolver un problema así, pero por el camino que vamos todo parece indicar que al menos para algunos acabará mal. La primera conclusión, por tanto, es que el asunto hay que replantearlo, cogiendo el toro por los cuernos e identificando bien quién es quien; es decir, quién tiene competencias en la materia, quién lidera el proceso, y quiénes están obligados a entrar en el juego y quiénes pueden quedar a salvo. Porque una vez más se está mezclando en esta crisis a quienes no tienen serios problemas financieros con quienes sí los tienen, y graves. A mayores, si se quiere, también puede entrarse en la definición de las propias entidades, de modo que se clarifique de una vez sus derechos de propiedad, ya que a día de hoy no está claro quiénes son sus accionistas ni quiénes deben gobernar las cajas. La gran obra impulsada por el profesor Fuentes Quintana, que puso los cimientos institucionales para el desarrollo de las cajas en España, está amenazada de derribo, sin que aquí nadie haga nada por evitar semejante guirigay financiero y político.