Encargan un estudio sobre el rendimiento en el sistema judicial

La Junta de Andalucía ha encargado un estudio para la reordenación y reorganización de los recursos humanos de la administración de justicia, que pretende determinar la situación real del personal de los distintos órganos judiciales, cuáles son los procedimientos de trabajo actuales y la carga de trabajo que soporta cada puesto, además del número de efectivos necesarios para ello.

Así lo señaló ayer a los periodistas la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, quien se reunió con los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), presidida por Augusto Méndez de Lugo, a quienes instó a implicarse en el proyecto y pidió opinión para determinar la provincia donde se llevará a cabo el estudio.

Según explicó Augusto Méndez de Lugo, ha sido Málaga la provincia escogida porque es “exponente claro” de la problemática en recursos humanos que se pueda plantear y porque cuenta con Sala del TSJA, ocho secciones de Audiencia, que además tiene jurisdicción civil y penal y representación de todos los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, el presidente del TSJA considera que Málaga es una provincia “donde la situaciones coyunturales se manifiestan con mayor intensidad”, por lo que las conclusiones del estudio “podrían extrapolarse al resto de provincias”.

La Junta ha propuesto la constitución de una mesa técnica consultiva para el seguimiento de este proyecto, que estará formada por representantes del Poder Judicial, de los secretarios judiciales, la Fiscalía, los sindicatos y la propia Consejería de Justicia y Administración de Justicia, además de la empresa especializada en la gestión de los recursos humanos que sea la adjudicataria para realizar este trabajo, una entidad externa y ajena a la Administración autonómica con el fin de que el estudio sea “objetivo” y no esté contaminado de otros intereses.

Primer semestre de 2010
El proyecto, que estará terminado en el primer semestre de 2010, se realizará en tres fases diferenciadas. La primera, que tendrá una duración aproximada de dos meses, se centrará en el diseño, la elaboración y la introducción de información en la base de datos de los servicios judiciales de Andalucía.

La segunda, con una duración estimada de unos tres meses, hará el inventario e identificación del personal adscrito a los órganos judiciales de Andalucía; y la tercera, con un plazo en torno a seis meses, se destinará a la elaboración y definición de todos los elementos que configuran la relación de los puestos de trabajo de los servicios judiciales en la provincia que se determine.

Una vez que este proyecto esté realizado, sus conclusiones se enviarán al Consejo General del Poder Judicial así como al Ministerio de Justicia para su aprobación.

Por otra parte, las centrales sindicales mayoritarias han sido convocadas en la mesa sectorial para ser informadas de este trabajo y hacerles partícipes del mismo en el que, entre otras cuestiones, deberán nombrar representante en la mesa técnica que se creará.