La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado que convocará esta próxima semana a los sindicatos en la Mesa de Función Pública, para abordar, entre otras cuestiones, el decreto ley por el que se reconocerá la antigüedad a los interinos, y para concretar la oferta de empleo público, que prevé publicar este verano y que contemplaría 500 plazas de Administración General.
En declaraciones a Europa Press, la consejera ha indicado, sobre el decreto ley donde se reconoce la antigüedad a los funcionarios interinos en los concursos de méritos, que se estaba a la espera de constituirse el nuevo Gobierno de la Junta para desarrollar el decreto ley por el que se reconozca la antigüedad a los interinos que han trabajado en la Administración pública.
Montero ha explicado que el decreto ley es el rango que ha aconsejado el Consejo Consultivo y esa elevación de rango "permitirá superar los obstáculos planteados en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que fue el que generó duda, pues el TSJA entendía que no debía computar el tiempo trabajado de interino, pero la UE entendían que sí".
Ha precisado que dicho decreto ley esta preparado, va en línea de cumplir la directiva europea, donde sí se reconoce el tiempo trabajado de interino, y la consejera espera que pueda pasar "en breve" al Consejo de Gobierno para su primera aprobación, que después será ratificada en el Parlamento, de forma que "antes de que acabe el año debe estar en marcha".
La consejera ha dejado claro que "no se trata de aprovechar esta circunstancia para intentar enfrentar a colectivos del sector público, aunque todo el mundo tiene legitimidad para poder plantear lo que le sea de mayor utilidad cara a un concurso o una oposición, sino que se trata de reconocimiento de una situación y de cumplimiento de lo dictado desde la UE, para desbloquear la situación".
Ha recordado que en este caso "hubo jurisprudencia encontrada y controvertida, e incluso España tuvo incluso una sanción que vino de Bruselas porque se entendía que no se estaba respetado la directiva europea en materia de computar el tiempo trabajado". Montero ha indicado que esta era una de las cuestiones que la integración en la UE obligaba, esto es, "estar en consonancia con el resto de países miembros en esta materia".
"No es una cuestión de que la Junta quiera que se haga en un sentido u otro, la Junta sólo quiere que se desbloquee una situación que impedía tener concurso de traslado y generaba dificultades para la próxima oferta pública de empleo; ahora con el decreto ley lo desbloquearemos con la ley en la mano", ha añadido la consejera, que espera que "una vez que jurídicamente este asunto se ha despejado, no se siga cayendo en ningún tipo de maniobra que haga que al final se paralice el concurso de méritos de los funcionarios".
Por ello, espera que "todo transcurra con normalidad y seamos capaces de desbloquear una situación que perjudica a un volumen importante de funcionarios", para que se celebren las ofertas públicas de empleo y el concurso de traslados pendientes.
En ese sentido, Montero tiene previsto la semana próxima presidir la Mesa de la Función Pública "para trasladar a las organizaciones sindicales esta cuestión y escuchar lo que los sindicatos quieren comentar en la legislatura".
En dicha reunión se comunicará que durante el verano, previsiblemente en julio, prevé publicar la oferta pública de empleo de la Administración General de la Junta, que serían unas 500 plazas, que unidas a las otras ofertas ya emitidas --como las de sanidad o educación-- suman un total de 3.000 plazas.
Montero ha agregado que la idea es que en este mismo año se celebren las pruebas y ha precisado que "el concurso de traslados deberá celebrarse en ese entorno de fechas", toda vez que "nuestra intención es que pueda hacerse a la mayor brevedad y no tendría que sufrir ningún tipo de retraso".
EFICIENCIA
En ese sentido, la consejera ha indicado que "el reto más importante es que el profesional público se sienta motivado", para lo cual aboga por "crear grupos de mejora que permita una tarea continua de calidad, desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y permitir la participación efectiva de trabajadores en la evaluación de políticas".
"Queremos ser capaces de tener la complicidad de los profesionales del sector público; la Junta se lo debe a los empleados públicos", ha agregado la consejera, quien cree que "ahora corresponde a los empleados públicos recibir beneficios y que se sientan orgullosos de ser parte del sector público".
La consejera puso en valor el concepto de eficacia de lo público y pidió que "no se confunda esto ni con ajuste ni con recortes, sino dar la garantía de que esto se hace al menor coste para ellos".
Así, insiste en "impulsar la mejora y la calidad en todos los niveles de la administración, incluida la periférica, para tener mayor optimización de las políticas", para lo cual Montero aboga por que "el conjunto de funcionarios puedan aportar cómo mejorar el trabajo que están desarrollando y cómo se pueden incorporar esas herramientas de eficiencia", de forma que "éstos puedan trasladar cómo se puede seguir mejorando".
Por ello, potenciará en esta legislatura la evaluación de las políticas públicas y el conjunto de acciones de gobierno de la Junta y su eficiencia, empleando las herramientas de evaluación que dictan las corrientes de expertos en evaluación de las políticas públicas, con una metodología específica.
En ese sentido, la consejera considera que la llamada 'administración instrumental' "se puede seguir reduciendo" y considera que para la Consejería "sí es una prioridad que haya una racionalización de la estructura administrativa instrumental de la Junta".
Montero por ello apuesta por "una convergencia de entes instrumentales que actualmente estén desarrollando actividad en ámbito similar y puedan ver converger tareas, por lo que se podía ganar en eficiencia en esa materia", de forma que "tenemos que tener capacidad para mejorar en la racionalización".
"Puede haber un esfuerzo de mejora, aunque es verdad que se ha reducido mucho en los últimos años y hemos sido de las comunidades que ha cumplido por encima de las previsiones en materia de reducción de los entes instrumentales, pero todavía se puede seguir mejorando, especialmente en algunos sectores", ha aseverado la consejera, quien insiste en su "clara voluntad de que la convergencia de diferentes entes pueda dar lugar a medidas de eficiencia".
Así, aunque no quiso decir nombres de entes concretos, sí ha indicado que esa racionalización incidiría en empresas públicas clásicas de la Junta, como las vinculadas a la Consejería de Empleo, fundamentalmente, de manera que "la voluntad es racionalizar esa estructura por parte de las consejerías de Hacienda y de Empleo", y así, según explicó, "trabajamos conjuntamente con Empleo para dar como resultado la mejora de la calidad y de la eficiencia".
No obstante, trasladó un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores" de este sector, toda vez que "sin darnos cuenta siempre que se habla de racionalización se puede confundir con despidos de empleados públicos, y para nada es eso".
"La racionalización hay que hacerla en la estructura, en el organigrama, en la arquitectura del sector, porque todos los trabajadores del sector público son más necesarios que nunca para aprovechar la recuperación económica", ha aseverado la consejera, quien insiste en que "los empleados no verán amenazados ningún puesto de trabajo" y ha recordado que "la conservación de puestos de trabajo en el sector público ha sido una seña de identidad de la Junta de Andalucía".
