Ante el inicio de un nuevo curso académico las Universidades seguimos afrontando las negativas consecuencias de decisiones políticas que condicionan inevitablemente nuestro funcionamiento. Además, nuevas y polémicas decisiones vienen a agravar el panorama y a aumentar la cantidad y calidad de frentes abiertos a los que debemos responder con recursos menguantes.
Un respiro hemos encontrado en la inclusión de las Universidades dentro del plan de pago a proveedores, lo que alivia algo la situación económica, sin duda, pero que no deja de ser sino una condición necesaria pero insuficiente para normalizar la planificación económica y presupuestaria y para optimizar lo más adecuadamente los recursos.
Un rayo de esperanza hay en la firma con el Gobierno de la Junta de Andalucía, dentro del Pacto por Andalucía, del Acuerdo para el Sistema Público Universitario de Andalucía, si bien queda por delante la tarea de dar cumplimiento a los compromisos que en él se recogen.
Pero en general continúa el proceso inexorable de descapitalización humana, investigadora y económica de la que cada vez será más difícil recuperarse (tasa de reposición, incremento de la dedicación docente, recortes salariales, disminución drástica de la financiación de la investigación, problemas de liquidez importantes, imposibilidad de planificar adecuadamente, etc.), y casi estamos llegando al límite de lo razonable para poder funcionar cumpliendo adecuadamente con nuestra importante función.
Los problemas que pueda tener la Universidad, así como las soluciones, no van a encontrar respuesta por esta senda. Es necesario abordar la situación con una perspectiva estructural, no con medidas coyunturales y basadas principalmente en la mera austeridad. Se requiere un decidido esfuerzo real para encontrar esas otras soluciones posibles y que sólo la vía del diálogo y el entendimiento puede dar frutos palpables. Mientras esto no se produzca el riesgo de conflictividad será cada vez mayor.
Estructural es el acceso y permanencia de los estudiantes universitarios. La política de tasas ya ha producido diferencias, a veces muy importantes, en los precios que se pagan por estudiar un mismo título en Universidades de diferentes Comunidades Autónomas: un estudiante en Andalucía paga menos por estudiar Derecho que un estudiante en Cataluña o en Madrid. La política de becas y la exigencia de condiciones académicas más duras para obtenerlas así como la rebaja de las cuantías que se obtienen es otro golpe durísimo para muchos estudiantes y para muchas familias que priorizarán el pago de las matrículas detrayendo ese dinero de otras necesidades muchas veces básicas (o tan básicas como la propia educación).
Por último está la LOMCE y el cambio del sistema de acceso a los estudios universitarios acabando con el sistema actual de la prueba de selectividad.
Así, hay motivos más que suficientes para considerar en riesgo uno de los valores más importantes de nuestro sistema universitario: la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso y la permanencia en la Universidad, y el principio de que nadie pueda quedar fuera de la Universidad por razones puramente económicas. Baste un simple ejemplo: un estudiante que necesite acceder a una beca debe tener un rendimiento académico superior (un 5,5, un 6,5) al de otro estudiante cuya familia tenga recursos económicos suficientes y no necesite beca (le bastaría con un 5). Quizá debamos tener el debate de si se debe acceder a (o si se debe permanecer en) la Universidad únicamente con un cinco de nota media, si se debe exigir como mínimo un seis o un siete, etc., pero si se concluyera que sí, esa exigencia debería ser para todos los estudiantes con independencia de que necesiten beca o no.
Una vez más, el sistema de acceso y permanencia en la Universidad puede y debe ser revisado, puede y debe ser mejorado, pero no debemos permitir que lo sea a costa de romper el esencial respeto al principio de igualdad de oportunidades. Otro reto para la Universidad en tiempos de crisis.
