La crisis les había hecho temerse lo peor, y contaban con que la sombra de los ERE, (Expedientes de Regulación de Empresas) estaba presente, pero por primera vez las administraciones pueden plantear estos despidos colectivos sin intermediarios tras desaparecer del mapa la autoridad laboral para autorizar o no dicho expediente. El Ejecutivo sólo ha impuesto un requisito y lo ha marcado en el tiempo: alegar “insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente” durante nueve meses, tal como recoge una disposición transitoria del decreto-ley. Estos condicionantes bastan desde el pasado domingo para que un ayuntamiento, comunidad autónoma o ministerio presente un ERE por causas económicas con una indemnización de 20 días por año trabajado y sin el visto bueno de la autoridad laboral.
La asfixia de los ayuntamientos los pone en el punto de mira y con una deuda que supera los 900 millones y los persistentes problemas para pagar a la plantilla, el de Jerez no podía ser menos. De los más de 2.500 de los empleados municipales que el Ayuntamiento tiene en, nómina, 1.500 son personal laboral a los que hay que sumar en torno a 400 más de las empresas municipales. Sin embargo, en las secciones sindicales del Consistorio jerezano su inquietud no va más allá de la lógica preocupación que supone que otorgar al Ayuntamiento una herramienta para agilizar los despidos masivos.
De hecho, preguntada por la repercusión de la reforma laboral a medio plazo en el Ayuntamiento, la presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo, es tajante: “No hay indicios” de que la nueva reforma vaya a aplicarse a la institución municipal jerezana, si bien reconoce que la reforma “ayuda” los gobernantes a en un momento dado tomar esta decisión tan impopular. Muy presente tiene la sindicalista de CGT el mensaje de tranquilidad implícito que lanzó García-Pelayo en su última comparecencia cuando anunció la recuperación de la recaudación de los impuestos tras romper el convenio con Diputación, arrojando por primera vez en muchos meses luz al túnel en el que se había convertido el pago a la plantilla. “La alcaldesa vino a decir a la gente que se iba a jubilar allí (por el Ayuntamiento), por lo que insisto en que no hay indicios porque si se quiere despedir a la gente se buscan las fórmulas como ha hecho el alcalde de Los Barrios, y si ella -por Pelayo- hubiera querido hacerlo antes, lo hubiera hecho igual”, añade. En esta tónica, el portavoz municipal y primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, lamenta la “visión pesimista” con la que, en su opinión, se está juzgando la nueva reforma laboral. Sobre la nueva norma en cuestión, asegura que “está creada para generar empleo y no despidos”, y achaca a la “intencionalidad política” los negros augurios de determinados sectores del país en general. Asimismo, Saldaña pone la tilde en lo que vendrá, y en la “flexibilidad”, al entender que evitará que la administración pública “sea un lastre” y que, de cara al futuro, posibilitará dar soluciones. “No hay que mirar atrás, hay que mirar al futuro y también puede pensarse en esta reforma para contratar a un número de personas en un momento puntual necesario para dar cobertura a un determinado servicio”, alega.
La visión de Saldaña choca frontalmente con la valoración del PSOE-A en Jerez. Sólo habían transcurrido horas de la aprobación del decreto-ley y los socialistas en un comunicado alertaba de la “facilidad” a la que daba pie la nueva reforma para abrir las puertas a los despidos en el Ayuntamiento de Jerez y en cualquier otro del país. Para el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Lebrero, la incidencia de la nueva reforma aplicada a Jerez es “realmente preocupante”, teniendo en cuenta que la norma deja “al libre albedrío” y, por tanto, en manos del Gobierno local la última palabra tras eliminarse el papel de garante de los derechos que aportaba la autoridad laboral.
A su juicio, no deja de ser indicativo que exceptuando la venta de Ajemsa, “todos los recortes” del Gobierno del PP en Jerez para obtener liquidez afecten al Capítulo 1 de Personal, esto unido a el papel de “meros espectadores” de los sindicatos y la “libertad” que da la reforma para “flexibilizar” las condiciones laborales, lo que contempla “bajada de sueldo y cambios de la jornada de trabajo” alimenta la rumorología. Sin animo de crear alarma, su prudencia es menos explícita que la del resto de partidos y sindicatos puesto que no oculta su temor de que después de las elecciones andaluzas del 25-M haya sorpresas negativas. “Ya hay algún sentimiento y el temor de que pueda convertirse en realidad de que después de las elecciones bastantes trabajadores, al menos unos 700, se vayan a ver afectados”, asegura.
Algo más cauto aunque no menos crítico se muestra el portavoz de IU, Joaquín del Valle, quien cree que tarde o temprano el Gobierno local se verá obligado “desde Madrid” a tirar nuevamente del Capítulo 1 de Personal ante la grave situación económica si pretende, por ejemplo, liberar 40 millones de los fondos de la PIE (Participación de Ingreso Estatal) retenidos. Del Valle no cree que Hacienda vaya a ceder a desbloquear estas retenciones y a posibilitar nuevos acuerdos a largo plazo “sin condiciones” en cuenta “la grave situación de Jerez”. El líder de IU tiene claro que el Gobierno central va a seguir “imponiendo” nuevos recortes y, como Lebrero, tiene muy presente la situación de los trabajadores de Onda Jerez y las “facilidades” que desde el pasado domingo tienen los ayuntamientos para “descargar” el presupuesto eliminando puestos de trabajo en la administración pública. Por su parte, Foro Ciudadano alerta de que la reforma laboral “pondrá al borde del despido” a trabajadores del sector privado y público y abre la puerta” a los ERE en los ayuntamientos. El partido de Pacheco muestra su preocupación por que las hipotéticas subrogaciones de personal por el rescate de servicios públicos como Urbanos Amarillos o Teconma la sufran.
