Con motivo del Día Internacional de la Mujer, los jueces de Violencia sobre la Mujer de toda España han emitido un comunicado conjunto advirtiendo sobre las graves consecuencias que tendrá en los juzgados y en la atención a las víctimas la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero.
La Ley amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, otorgándoles la instrucción de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, independientemente de la existencia de un vínculo afectivo entre agresor y vícLa citada ley, publicada el pasado 3 de enero, amplía las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, otorgándoles la instrucción de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, independientemente de la existencia de un vínculo afectivo entre agresor y víctima. Esta reforma responde a compromisos internacionales como el Convenio de Estambul y a la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Sin embargo, los jueces advierten que la medida se ha aprobado sin dotar previamente a los juzgados de los recursos necesarios, lo que generará un colapso sin precedentes.
Una reforma sin recursos y a coste cero
Según estimaciones del Ministerio de Justicia, la carga de trabajo de estos juzgados aumentará un 20%, pero sin una asignación presupuestaria adicional. "Se trata de una reforma a coste cero que se pretende vender como una mejora sin explicar su impacto real", señalan los jueces.
El problema se agrava porque la asunción de estas nuevas competencias está prevista para el 3 de octubre de 2025, mientras que las nuevas Secciones de Instrucción y de Violencia sobre la Mujer no entrarán en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2025, generando un vacío organizativo insalvable.
Colapso en los juzgados y desprotección de las víctimas
Actualmente, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ya enfrentan una sobrecarga crónica. "Desde su creación en 2005, sus competencias han crecido exponencialmente sin una ampliación proporcional en el número de juzgados", advierten los jueces. La situación es especialmente crítica fuera de las grandes ciudades: mientras que en Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia estos juzgados funcionan con servicio de guardia, en el resto del país no cuentan con este recurso, lo que dificulta la atención inmediata a las víctimas.
La falta de personal y medios también afecta a la protección efectiva de las víctimas. "Carecemos de equipos de valoración forense adecuados, de sistemas de asistencia letrada permanentes y de salas Gesell para la atención de menores", denuncian los magistrados. Además, la saturación judicial puede derivar en decisiones menos garantistas: "los juzgados más congestionados son los que más rechazan peticiones de protección".
Un retroceso en la lucha contra la violencia de género
La reforma se presenta como un paso hacia el abordaje integral de la violencia contra la mujer, pero los jueces alertan que en la práctica generará un "desbordamiento" de los juzgados. "Cuando todo es importante y urgente, nada es preferente", afirman, advirtiendo que la nueva carga de trabajo impedirá atender de forma adecuada y sosegada cada caso.
Con la entrada en vigor de esta medida, España podría enfrentarse a un grave retroceso en la protección de las víctimas. "Las mujeres que necesitan del sistema judicial para salir de la violencia deben conocer el escenario desolador que se avecina", concluyen los jueces en su comunicado.
Los profesionales que trabajan en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer insisten en que la reforma solo será viable si se acompaña de una dotación realista de recursos humanos y materiales. "No podemos permitirnos improvisaciones cuando lo que está en juego es la seguridad de las víctimas y sus hijos e hijas", sentencian.
