A un mes vista para que expire el plazo fijado por los fondos Yankuang Energy, Beijing Energy y Taizhong para ejecutar una inversión millonaria en Mina Muga, los promotoes advierten de que la inseguridad jurídica que rodea a la explotación sigue amenazando su viabilidad.
Explican que la paralización temporal que está sufriendo el proyecto minero más grande de España puede convertirse en indefinida si el Gobierno central no logra poner fin antes del próximo día 31 a un bloqueo judicial motivado por un simple "defecto de forma".
En este sentido, apuntan que si durante las próximas semanas, las instituciones encabezadas por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no son capaces de encontrar esa "solución administrativa" que reclaman desde la empresa promotora Geoalcali, se esfumarían no solo los 200 millones comprometidos por los tres inversores asiáticos, sino también un Project Finance con seis entidades financieras (Natixis, ING, Société Générale, BNP Paribas, HSBC y Caja Rural de Navarra) por valor de 320 millones más.
La no ejecución de estas inversiones supondría la pérdida de una oportunidad para generar unos 3.800 millones de euros en pagos a proveedores, 1.246 millones de euros en ingresos fiscales y unos 7.000 puestos de trabajo en dos comarcas con riesgo de despoblación como son las de Sangüesa y las Cinco Villas. Toda una catástrofe, no solo para el futuro de Mina Muga y, por extensión, de Navarra y Aragón, sino también para el sector agroalimentario, agregan.
Justo cuando se cumple el tercer aniversario de la guerra en Ucrania, la dependencia de España y la Unión Europea de las importaciones de potasa procedentes de Rusia y Bielorrusia augura una nueva crisis en el suministro de fertilizantes. La reciente decisión de la Comisión Europea de imponer aranceles a la importación de fertilizantes desde estos países añade una presión adicional para la actividad agrícola y ganadera, encareciendo los insumos y afectando a la competitividad de los productores europeos.
En este contexto, el desbloqueo de Mina Muga, cuya producción de potasa se espera que alcance el millón de toneladas anuales, reforzaría, añaden, la autonomía europea y la importancia estratégica de España en un sector crítico para la seguridad alimentaria.
ERTE
La paralización del proyecto ha llevado a Geoalcali a anunciar recientemente un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará a su plantilla entre el 1 y el 31 de marzo. Este movimiento, según fuentes de la compañía, responde a la necesidad de ajustar la estructura de costes ante la falta de certezas sobre el futuro del proyecto. "No podemos sostener esta incertidumbre por más tiempo sin consecuencias directas sobre nuestra operativa", han señalado desde la promotora.
A pesar de haber superado con éxito todas las fases de evaluación ambiental y administrativa; de haber obtenido más de 80 informes favorables, tres 14 exposiciones públicas y 32 permisos favorables, revisados en su integridad por 3 administraciones públicas, una cuestión administrativa, como la autoría en la firma de un permiso, podría poner fin de forma premeditada a un proyecto estratégico el próximo 31 de marzo. Un cierre que desde la compañía indican que marcaría el fin de una iniciativa clave para España y la UE, después de más de 12 años de investigación y recursos invertidos.
