El Pleno del Congreso de este martes decidirá si convalida o deroga el último decreto anticrisis que aprobó el Gobierno, donde se incluyen medidas como la eliminación del IVA del aceite de oliva hasta y la prórroga de la rebaja fiscal a los alimentos básicos hasta septiembre, la prohibición del corte de suministros básicos a familias vulnerables o la subida de los salarios de los funcionarios públicos.
Ese paquete de medidas y otras muchas que incluye el texto ya están en vigor, pero al ser un decreto tiene que recibir el visto bueno del Congreso. Si lo logra, lo previsible es que se tramite como proyecto de ley para poder introducir después enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios y modificar el texto original.
De momento, Podemos ha dicho que no apoyará el texto si no hay un compromiso de que las medidas de protección social, como la prohibición del corte de suministros básicos o los descuentos al bono social eléctrico, serán estructurales y no temporales como establece el decreto.
Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) está más cerca del sí, ya que su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló que estaba manteniendo negociaciones con el Gobierno para poder apoyar el texto, que los catalanes quieren que "sea realmente un decreto que ayude a la gente".
El socio minoritario del Gobierno, Sumar, también dijo que estaba manteniendo conversaciones con el PSOE para que las medidas que incluye el decreto sean permanentes y no se produzca ningún recorte. En concreto, el grupo plurinacional quiere que las ayudas al transporte público ahora vigentes sean estructurales.
En el otro lado, Vox dijo que el decreto que desembarcará en la Carrera de San Jerónimo este martes es un "parche" para maquillar la situación económica en verano, al eliminarse el 30 de septiembre la supresión del IVA del aceite de oliva.
Así las cosas, el Gobierno tendrá que negociar con cada socio de investidura para amarrar los suficientes síes y que el decreto no se derogue, como ya pasó con la primera reforma del subsidio de desempleo el pasado enero.
En esta ocasión, el Ejecutivo busca tramitar un decreto 'ómnibus' que no sólo incluye ayudas o rebajas fiscales específicas, sino que abarca más aspectos como la financiación autonómica o la revalorización de los salarios de empleados públicos.
En concreto, el decreto actualiza las entrega a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos para 2024, de modo que las autonomías recibirán un total de 154.467 millones de euros, 20.000 millones más que el año pasado, mientras que las entidades locales recibirán del Estado 28.557 millones, 5.260 más.
Con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, se revaloriza un 2% el salario de los empleados públicos, que incluye la posibilidad de otra subida adicional y consolidable del 0,5% si la suma de la variación del dato de IPC adelantado de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo aplicado durante esos mismos años.
Otra de las medidas que se recogen en el decreto es la rebaja del IRPF para evitar que las personas que cobren el salario mínimo interprofesional tributen ese impuesto. El año pasado ya se elevó este umbral mínimo para practicar retenciones de 14.000 a 15.000 euros y ahora se ha vuelto a incrementar hasta los 15.876 euros.
Cabe reseñar que el decreto amplía el plazo de vigencia del programa de apoyo para la movilidad eléctrica MOVES III hasta el 31 de diciembre, para que las comunidades autónomas puedan seguir distribuyendo ayudas. A esto se suman cambios en el Impuesto de Sociedades para promover incentivos la inversión en nuevos vehículos eléctricos y en nuevas instalaciones de recarga, con ayudas por importe de 626 millones de euros.
También se prorrogan las medidas de flexibilidad a la hora de modificar la potencia eléctrica contratada en un mismo ejercicio hasta el 31 de diciembre y se mantiene hasta final de año la reducción del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de la industria electrointensiva.
Igualmente, se amplía seis meses más el periodo para que las empresas gasintensivas receptoras de ayudas de compensación de los costes adicionales del aumento del precio del gas cumplan con el plazo efectivo de pago a sus proveedores. Asimismo, se prorroga que el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido en empresas que se beneficien de este tipo de programas de ayudas.
Se crea el nuevo Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por Cofides y dotado con 400 millones de euros de la Adenda del Plan de Recuperación, para proyectos de inversión considerados de impacto social y/o medioambiental y el fortalecimiento del emprendimiento social. También una partida de 50 millones de euros para el programa de transformación de vehículos pesados en carretera.
De su lado, el decreto prorroga en la Isla de la Palma todos los beneficios fiscales para el ejercicio 2024 de los que ya disfrutaron los afectados por el volcán para 2023, lo que permitirá importantes deducciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas. También prorrogan los ERTE para empresas afectadas por la erupción, junto a otras medidas de apoyo a los negocios, laborales y formativas
