Pasillos estrechos y oscuros, paredes repletas de moho y cucarachas y ratas que acampan a sus anchas en trasteros sin ventilación ni condiciones higiénicas básicas: así viven los inquilinos de las 68 infraviviendas que les alquila por unos 400 euros al mes un policía local de Palma.
El agente, titular de la sociedad gestora de las propiedades, fue detenido el pasado noviembre y sancionado con una multa de 2 millones de euros por comercializar como viviendas diversos habitáculos de entre 8 y 14 metros cuadrados en sótanos de los barrios de Gomila, Foners, Pere Garau y sa Indioteria.
Durante años, los afectados han “subsistido” como han podido en estos sucios y oscuros trasteros por los que han llegado a pagar 500 euros, un importe que el policía cobraba en mano y por el que no daba recibo a cambio.
A raíz de lo ocurrido, y después de que la Conselleria de Vivienda pidiera al propietario que cesara esta actividad ilícita, algunos inquilinos dejaron de abonar las mensualidades y otros han continuado pagando por la habitación, pero los inmuebles siguen habitados y su propietario continúa reclamando sus rentas mediante demandas de jurisdicción voluntarias con apercibimiento judicial de desahucio.
“Aquí tan sólo se habla del policía. Que vengan de inspección de Sanidad y comprueben la realidad. El Govern y el Ayuntamiento de Palma nos están dando la espalda. Es increíble. Queremos una solución ya, queremos que nos reubiquen”, afirma el portavoz de la plataforma de afectados, José Solano.
“Hay cucarachas, ratones, materia fecal y niños que viven en estas viviendas. Es un calvario”, insiste esta víctima, que reclama la implicación de las instituciones para que los afectados, la mayoría migrantes, no se vean abocados al desalojo, como ya ocurrió en un caso a finales de abril.
14 años conviviendo con el moho
José Luis, un cocinero jubilado, lleva 14 años viviendo en una minúscula habitación sin ventilación, con el techo lleno de humedades y junto a un pequeño baño sin retrete a cambio de 250 euros al mes. “Todos los que vivimos aquí sabemos que esto es ilegal pero para nosotros y por nuestra economía no nos queda más remedio”, lamenta.
“¿Dónde consigues una casa con un baño y un techo bajo el que dormir por 250 euros al mes? En ningún lado, y menos aquí en Palma. Si cobro 480 euros mensuales, ¿cómo voy a pagar una vivienda de alquiler que cueste 500 euros?”, se pregunta este hombre.
“Era un policía corrupto”
Reina Luisa Rosabal, una cubana que hace dos años alquiló uno de estos trasteros por 500 euros, aceptó la oferta del agente denunciado en un momento en el que, reconoce, estaba desesperada porque no tenía dónde vivir.
Suscribió un supuesto contrato de arrendamiento sin pensar que su habitación era ilegal. “Pensaba que era un policía correcto”, comenta la mujer. “Corrupto. Era un policía corrupto”, le interrumpe uno de sus vecinos.
Esta afectada, que se ganaba la vida como cuidadora y ahora ingresa 450 euros al mes, reclama una solución con urgencia. “Estamos prácticamente viviendo aquí en contra de nuestra voluntad y por necesidad”, insiste.
El Ayuntamiento analiza cada caso
Técnicos del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma se reunieron hace dos semanas con algunos de los afectados por esta situación, con el fin de analizar cada caso en particular.
Recabaron los datos de estas familias para tratar de ofrecerles prestaciones sociales municipales y les facilitaron un número de contacto ante cualquier emergencia relacionada con este asunto.
Desde el consistorio han insistido en que trabajan junto con la plataforma de afectados para recopilar la información sobre todos los inquilinos de las infraviviendas, agilizar los trámites y buscar soluciones, aunque “aún queda trabajo por hacer”.
La Conselleria de Vivienda sancionó a la persona que alquilaba estas infraviviendas y exigió que cesara la actividad. Él interpuso un recurso contencioso a la sanción y la Dirección General de Vivienda y Arquitectura notificó a más de una docena de afectados la posibilidad de que se personaran como parte.
Baleares, donde más se encarece la vivienda
El caso de los trasteros alquilados por el policía local es una de las consecuencias penosas del continuo encarecimiento de la vivienda en Baleares, que tiene en Ibiza y Palma sus exponentes más dramáticos.
Desde 2012, el precio de la vivienda en alquiler en el archipiélago se ha disparado un 97,9 %, mientras que los salarios tan solo han aumentado un 7 % durante este periodo.
Los precios suben de forma ininterrumpida desde hace diez años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los residentes tienen que dedicar íntegramente el sueldo bruto de 12 años al pago de la hipoteca, un esfuerzo que se ha incrementado en dos años respecto a 2022.
