Chamizo pide fortalecer los servicios técnicos urbanísticos

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, abogó ayer por fortalecer los servicios técnicos en materia de urbanismo tanto de los ayuntamientos como de la Junta, a los que pidió que denuncien las construcciones y edificaciones “no autorizables” que produzcan en suelo no urbanizable.

Chamizo presentó ante la comisión de Obras Públicas y Vivienda del Parlamento un informe elaborado por la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, en el que se destaca que un gran número de quejas son por la ausencia de respeto a la legalidad urbanística.

Esta falta de respeto “por parte de un gran número de ciudadanos” se traduce en “impunidad” a la hora de actuar, a juicio de Chamizo, quien denunció también que los ayuntamientos inician expedientes sancionadores que finalmente no concluyen o que luego no se ejecutan las resoluciones.

Ante este problema, el informe recomienda una campaña dirigida a los ayuntamientos sobre la trascendencia que tiene que la ciudadanía “respete” la legalidad urbanística y que se fortalezcan los servicios técnicos de los ayuntamientos y de la Junta, a los que pide también que denuncien las construcciones y edificaciones “no autorizables” que se lleven a cabo en suelo no urbanizable.

El informe del Defensor aboga por abordar “con carácter urgente” una reforma del Código Penal que permita perseguir “más eficazmente” los delitos urbanísticos, porque se han evidenciado “no pocas imprecisiones técnicas y lagunas” en el actual en delitos contra la ordenación del territorio.

Chamizo, que explicó que el informe se ha elaborado a partir de experiencias compartidas con la red de fiscales medioambientales de Andalucía, recomendó a ayuntamientos y Junta que den cuenta a la justicia de construcciones y edificaciones no autorizadas en suelo no urbanizable, en la medida que sean hechos reveladores de conductas presuntamente delictivas.

Igualmente, plantea que si no se deduce ningún delito los ayuntamientos deben investigar si se han producido “infracciones urbanísticas” y respetando las decisiones judiciales, se incoen o continúen tramitando los expedientes sancionadores y/o de restitución de la legalidad urbanística en los supuestos en los que ello sea procedente.

Chamizo señaló que en el documento se plantea que en los procedimientos en los que las administraciones públicas sean parte demandante, como norma general, soliciten la demolición “de lo indebidamente construido”, salvo que por aplicación del principio de proporcionalidad u otros motivos justificados legalmente, no lo consideren procedente.