Griñán presentará incidente de nulidad contra la condena de seis años de cárcel

El abogado del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha anunciado que con "alta probabilidad" presentará un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a seis años de prisión por un delito de malversación cometido en el caso de los ERE.

El abogado José María Calero ha explicado a EFE que tiene veinte días para presentar el incidente de nulidad contra la sentencia, que tiene 1.205 folios y aún está analizando.

Además, el abogado también se plantea presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia, para lo que el plazo es de treinta días, ha precisado.

Según el Supremo, Griñán no solo conoció y permitió que se pagaran las ayudas a sabiendas del "descontrol" y de las "gravísimas ilegalidades" sino que no hizo nada para impedirlo.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha hecho público este miércoles la sentencia de los ERE que confirma la condena por delito continuado de malversación de caudales públicos a quienes, como Griñan, concedieron y pagaron las ayudas y a quienes permitieron que se pagaran conociendo que en la gestión concreta de las mismas.

El Supremo considera acreditada "la ilegalidad de la gestión, el absoluto descontrol y la total discrecionalidad con la que se concedían las ayudas o se utilizaban los fondos".

Y añade que "la magnitud de lo sucedido explica las dimensiones de esta causa y la existencia de más de un centenar de piezas separadas pendientes de enjuiciamiento".

Dos magistradas del Tribunal Supremo, por su parte, creen que la condena a seis años de cárcel a Griñán se basa en "una mera especulación" sin "prueba seria y sólida" y consideran que supone un "sorprendente y significativo salto al vacío".

El Supremo ha dado a conocer este miércoles la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado mes de julio y el voto particular de las juezas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes consideran que ni Griñán ni otros cuatro cargos públicos andaluces debieron ser condenados por un delito de malversación de caudales públicos, que es el que conlleva pena de prisión.

Porque -aseguran- no sabían que en la Consejería de Empleo se estaba distribuyendo y adjudicando dinero "de forma fraudulenta en perjuicio del erario público y en beneficio ilícito de patrimonios particulares".