La Junta aprueba hoy las leyes que regulan las competencias y financiación local

El Consejo de Gobierno aprobará definitivamente hoy los proyectos de ley de Autonomía Local y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, que regulan las nuevas competencias y financiación de los ayuntamientos.

Tanto la futura ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) como la que regula la participación de las corporaciones en los tributos de la comunidad son de mandato estatutario y cuentan con el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía.

La Ley de Autonomía Local profundiza en el autogobierno de los ayuntamientos al contemplar 29 nuevas competencias propias y la posible delegación o transferencia de otras desde la Junta, mientras la otra norma regula la colaboración financiera con los municipios mediante la creación de un fondo incondicionado a partir del 2011.

Este fondo, cuyo destino decidirán los ayuntamientos, evolucionará según lo hagan los ingresos tributarios de la Junta, aunque la cuantía final que recibirá cada corporación deberá responder a criterios de distribución como la población, la superficie o la dispersión urbana.

El calendario previsto por el Ejecutivo andaluz recoge la remisión de ambos proyectos de ley al Parlamento autonómico antes de finalizar este año y su aprobación en el primer semestre de 2010.

El secretario general del PSOE-A, Manuel Chaves, destacó ayer a propósito de ambos proyectos que "ningún" otro gobierno autonómico socialista o del PP hace un esfuerzo financiero como el de Andalucía con los ayuntamientos.

El "esfuerzo", según Chaves, se refleja también en los presupuestos andaluces del 2010 que prevén 200 millones de fondos incondicionados y otros 1.447 millones para el Fondo de Cooperación Municipal.

Sin embargo, el presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró que el apoyo de su partido a estas futuras leyes dependerá tanto de las competencias que reciban los ayuntamientos como de la participación de estos en los ingresos de la Junta, no en los tributos como refleja el proyecto de ley, lo que aleja las posibilidades de acuerdo entre los principales partidos.