La Abogacía del Estado ha indicado este miércoles que ha quedado "plenamente acreditado" en la prueba practicada en la vista oral de la macrocausa 'Poniente' la "sobrefacturación" a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido entre 2002 y 2009 y que esta práctica mediante subcontratas había un "claro interés económico" del ex alcalde Juan Enciso y del ex interventor municipal José Alemán.
En su informe ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería que preside la magistrada Társila Martínez, ha afirmado en un exhaustivo alegato apuntalado en numerosa prueba que la "sobrefacturación" realizada por la "trama" empresarial de los acusados José Amate y Juan Antonio Galán restó a Elsur, financiada exclusivamente con dinero público, aunque participada por el grupo Abengoa en un 70 por ciento, 40,2 millones de euros de "beneficio adicional".
La Abogada del Estado ha asegurado que la subcontratación en la empresa mixta "surge con la clara idea de defraudar a la Hacienda Pública". "Bajo la apariencia de pluralidad de sociedades se escondía una única sociedad, Elsur y se subcontrataba con la clara finalidad de reducir la carga tributaria", ha precisado.
En su informe en una nueva sesión del macrojuicio que se está celebrando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, la acusación ha remarcado el "perjuicio" al "interés público" causado por la presunta trama corrupta, ha cuantificado los gastos "reales" de las subcontratas de Amate en 21,4 millones de euros frente a los "46,5 facturados a Elsur" y en el caso de las sociedades de Galán ha cifrado en 16,8 los gastos "reales" frente a los 32,47 millones de euros facturados a la empresa mixta.
Al hilo de esto, ha trasladado también como "plenamente acreditado" que hubo "dos personas que se beneficiaron directamente" de las subcontratas de Juan Antonio Galán y ha apuntado hacía Enciso y Alemán, en su doble condición de alcalde e interventor municipal, además de miembros del Consejo de Administración de Elsur.
"Alemán se beneficiaba a través de pagos a su sociedad Sistemas de Dirección SL mientras que Enciso, según acreditan las intervenciones telefónicas, era el que se encargaba de toda la gestión de cobro de Elsur a Galán para proveer a sus sociedades de ingresos", ha subrayado para añadir que en la actuación del ex alcalde ejidense "había un claro interés económico".
La Abogacía del Estado se ha referido a servicios a "precios desorbitados", al "enorme margen de beneficio" de las subcontratas, de hasta un 69,23 por ciento en el caso de Amate y un 37,56 en el caso de Galán, a "servicios cobrados superiores a los prestados", a cesión ilegal de trabajadores, a contratos "exhorbitados o duplicados" o a la "resolución anticipada de contratos" como un mecanismo "especialmente utilizado" por la presunta trama para "incrementar precios".
Con respecto a la defraudación a la Hacienda Pública, la ha cuantificado en seis y en cuatro millones de euros entre 2003 y 2009.
El fiscal Anticorrupción Jesús Juan Cruz situó el pasado viernes en el "origen" de la presunta trama de corrupción política y empresarial que habría detraído 71,5 millones de euros de las arcas del Ayuntamiento de El Ejido (Almería) en el "desmedido afán de dinero y de goce del poder" del ex alcalde Juan Enciso y el ex interventor José Alemán, para quienes ha interesado penas que suman 40 años de cárcel y multas por importe total de 23,2 millones de euros.
"El señor Enciso y el señor Alemán buscaron la manera de poder maximizar su situación para así lograr sus objetivos y encontraron una fórmula a través de la empresa mixta Elsur", trasladó en su informe el fiscal, quien remarcó, frente a lo sostenido por algunas defensas a lo largo de la vista oral, que el socio privado de Elsur "se hallaba bajo el control" de Abengoa ya que los "máximos directivos provienen de la propia multinacional".
Sobre Enciso precisó que "toda la prueba practicada" en juicio oral "muy prolija en los detalles, apunta a su implicación y al uso de su influencia", que su esposa "era perfecta conocedora de cuál era el origen de sus ingresos" y que su cuñado "se aprovechaba de su situación y pedía favores como se acredita en las escuchas telefónicas y han afirmado los testigos".
Añadió que la empresa mixta Elsur se creó "después" de que el propio ex alcalde "buscara asesoramiento jurídico para sortear el control administrativo" y que lo hizo por "interés, pero en ningún caso por el interés público".
Cabe recordar que, durante el trámite de cuestiones previas desarrollado en febrero de 2020, el fiscal Anticorrupción Jesús Gázquez, fallecido durante la celebración de la vista oral y para el que hoy ha habido un nuevo reconocimiento a su "excelsa" labor, retiró la acusación por los todos delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 ya que estimó que habrían prescrito, lo que ya supuso rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, para los principales acusados.
El Ministerio Público atribuye a Enciso y Alemán la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.
Durante su informe, el Ministerio Público apuntó, no solo al exalcalde y al ex interventor municipal, sino también a la multinacional Abengoa, que "en su beneficio" como empresa privada y no en "interés social", y con "el objetivo de maximizar su beneficios", habría vulnerado los estatutos sociales de Elsur "siempre con la inestimable ayuda del ex alcalde y del ex interventor municipal".
"Para no aumentar los costes sociales y dar lugar a problemas sindicales por un número elevado de trabajadores, vio propicia la creación de subcontratas, que llevasen a cabo la mayor parte del cometido mediante la cesión de trabajadores", indicó para añadir que, para llevar todo esto a cabo, "se valió de uno de los suyos, de José Amate".
Durante la última sesión quedaron, asimismo, exonerados de cualquier responsabilidad penal o civil, al margen del presunto testaferro de Amate, otros cuatro enjuiciados contra los que tan solo formulaba acusación el Ayuntamiento de El Ejido, que actúa como acusación particular. También esta personada IULV-CA como acusación popular.
En el trámite de conclusiones, todas las defensas reiteraron la petición de libre absolución de sus patrocinados y, alternativamente, han solicitado, en caso de que sean condenados por alguno de los delitos que se les imputan, que se les aplique la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas ya que el caso explotó en octubre de 2009 tras dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y se les rebaje las penas en dos grados.
