La Fiscalía de Almería ha elevado este viernes a definitivas sus conclusiones y ha mantenido la acusación contra la mujer acusada de ordenar el asesinato de su esposo, así como para el compatriota que presuntamente lo mató a puñaladas a cambio de mil euros.
La fiscal Penélope Raquel Baños ha mantenido sin cambios su acusación, por la que pide 22 años de prisión para cada uno de los acusados, en concepto de autor de un delito de asesinato en el caso de D.V.G. y de inductora en el de B.N.A.A.
El abogado de B.N.A.A., Alfredo Najas de la Cruz, ha realizado unas ligeras modificaciones en su escrito de defensa, si bien mantiene que la mujer únicamente le encargó al coacusado que le diese un “susto” a su marido después de que éste le dijese que quería el divorcio, al temer que quisiese casarse con su hija.
El letrado de D.V.G., Pedro María Lázaro, ha insistido en que la acusada culpó a su cliente cuando se vio “acorralada” para cubrir a otra persona o a ella misma, y ha recordado que durante 15 días su patrocinado ni siquiera fue sospechoso para la Guardia Civil, que ni lo interrogó hasta que lo señaló B.N.A.A.
Reconoce que D.V.G. estuvo en el cortijo de ‘Los Cabecicos’, en el que murió la víctima, porque fue grabado a la ida y a la vuelta por una cámara de tráfico, así como porque allí lo ubican las antenas telefónicas, pero mantiene que sólo fue a hablar con el fallecido para que cambiase de idea -no para asustarlo- y que esto fue “utilizado” por la coacusada para incriminarlo.
Ha insistido en que no existen pruebas directas de su participación en el crimen y ha recalcado que el ADN de B.N.N.A. y el de otro hombre fueron localizados, respectivamente, en una cerveza y un chupito que había en el cortijo.
El próximo lunes el jurado recibirá el objeto del veredicto sobre el que tendrán que determinar si los acusados son culpables o no de los hechos que se les imputa.
La calificación de la fiscal, consultada por EFE, señala que la acusada B.N.A.A., convivía con su marido, la víctima, en Huércal-Overa y que el inicio de la relación "fue bueno".
Sin embargo, el Ministerio Público considera que ésta "comenzó a enfriarse" cuando la mujer comenzó a sospechar que su esposo tenía una relación sentimental con su hija.
La acusada echó del domicilio familiar a su hija y se "distanció" de ella, y en los últimos años comenzó a dormir en otra cama diferente a la de la víctima.
Así hasta que a principios de agosto el fallecido trasladó a la acusada su intención de divorciarse de ella para casarse con otra persona.
Fue entonces cuando presuntamente la mujer contactó con el segundo acusado, colombiano como ella y conocido de la familia.
De acuerdo a las tesis de la fiscal, sobre las 15:00 horas del 12 de agosto de 2021, la acusada ofreció a este último mil euros para que matase a su marido, a lo que el acusado habría accedido.
Supuestamente, al día siguiente le indicó que su marido iría ese día a su cortijo, algo que la mujer pudo confirmar cuando la víctima le llamó sobre las 13:00 horas y le trasladó que se encontraba solo en la finca.
Poco después, según la fiscal, D.V.G. se presentó en el cortijo, llamó a la puerta y cuando la víctima le abrió, se abalanzó sobre él y le asestó "múltiples puñaladas" que le provocaron 14 heridas en el pecho, otra en un muslo, en los brazos, en una mano, en la cabeza y el cuello.
