El Juzgado de Instrucción número uno de Sanlúcar la Mayor ha decidido ampliar las medidas cautelares que habían sido impuestas sobre los ocho pozos no autorizados en la finca Aljóbar, ubicada en el término municipal de Aznalcázar. En una reciente providencia emitida el 13 de febrero, el juzgado ha acordado incluir un noveno pozo en el precinto judicial, tras un nuevo informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que advirtió de la posibilidad de que dicho pozo, actualmente fuera de funcionamiento, pueda ser reactivado.
El tribunal considera que, dado que la finca Aljóbar, gestionada por la empresa Eurotecnia Agraria, cuenta con nueve pozos no autorizados en total, es necesario extender las medidas cautelares a este noveno pozo, aunque en la actualidad no esté operando. Este acuerdo refuerza las acciones judiciales previas y responde a la inquietud de que, en caso de ser activado, podría seguir extrayendo agua del acuífero del Guadalquivir sin la debida autorización.
El juzgado había ordenado previamente el precinto de los ocho pozos iniciales y la retirada de bombas y otros equipos de extracción, autorizando el uso de la fuerza en caso de ser necesario para llevar a cabo estas medidas. Estas acciones se toman en el marco de una investigación sobre un posible delito contra el medio ambiente, debido al uso indebido de estos pozos para extraer agua sin contar con las licencias necesarias por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
En respuesta a las acusaciones, la empresa Eurotecnia Agraria ha negado cualquier irregularidad en el uso de los pozos, asegurando que la extracción de agua no ha superado los límites establecidos por la CHG. La compañía también ha desvinculado a Eugenia Martínez de Irujo, presidenta de la sociedad, de cualquier responsabilidad en la gestión de la finca, afirmando que es Luis Martínez de Irujo quien se encarga de la administración de la explotación agrícola.
El juzgado, sin embargo, ha expresado preocupaciones sobre el impacto ambiental de la situación, destacando que la sobreexplotación del acuífero podría afectar al Parque Nacional de Doñana y su biodiversidad. Los daños potenciales incluyen la alteración de los niveles de agua en el acuífero y la degradación de la calidad del agua, lo que podría tener consecuencias negativas para el ecosistema y la avifauna de la región.
