En un comunicado, Garzón subrayó que los cursos fueron organizados “aprovechando” su estancia en la ciudad estadounidense, cuya retribución se efectuó “con cargo a las dotaciones presupuestarias ordinarias” de la
Escuela de Leyes y de la Cátedra Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York “según acuerdo cerrado con estas instituciones tiempo antes de que existiera el proyecto de los dos cursos que luego patrocinó el Grupo Santander”.
Añade que “ni en su origen, ni en su finalidad, ni en su utilización”, la financiación de los cursos “se diferenció de las que habitualmente se llevan a cabo” tanto en centros universitarios españoles como extranjeros por parte de empresas y entidades financieras.
“Ninguna cantidad de dinero procedente de los fondos habilitados por el Grupo Santander para ese patrocinio fue destinada, directa o indirectamente,a mi retribución” y “tampoco intervine en la gestión o administración de tales fondos”, sostiene el juez.
Garzón respondió así a la petición de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, que han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que reabra la investigación que archivó sobre este asunto y suspenda de funciones al magistrado.
Dicha petición se ha producido después de que el Banco Santander haya remitido al Tribunal Supremo los datos que le había solicitado, entre ellos varias cartas del juez al presidente de la entidad, Emilio Botín, en la que el primero le agradece a éste el patrocinio de sus conferencias en la Universidad de Nueva York.
En este sentido, el PP pide al Tribunal Supremo (TS) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “de inmediato” exijan responsabilidades a Garzón por supuestamente haber recibido dinero por los cursos, y si no lo hacen, “él debería asumirla por la dignidad de la carrera judicial”.
