María José Diéz impartió clases de Religión durante siete años en la década de los noventa sin contrato. “La Delegación Diocesana de Málaga nos pagaba a final de año con un cheque por los servicios prestados”, recuerda. Lo normal hasta que la situación se regularizó a partir de 1999, cuando los docentes comenzaron a depender del Ministerio de Educación, por una sentencia. Desde entonces, “todo lo que hemos conseguido ha sido en los juzgados y a cuentagotas con el apoyo sindical de Feuso, como el derecho a Seguridad Social y el abono de trienios”, lamenta, por su parte, Carmen Neto, maestra en Cádiz desde hace 28 años.
Pero aún queda un largo camino por recorrer para equiparar sus derechos con el resto de los miembros del claustro. Está pendiente resolver el abono de sexenios o la posibilidad de desempeñar puestos como tutores. Hoy en día, no se les reconoce el tiempo de servicio prestado como profesor desde el primer momento, algo que sí sucede con los compañeros interinos, y tampoco pueden disfrutar de los mismos permisos, licencias y reducciones de jornada que el personal que se halla bajo la gestión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, detalla Feuso en un comunicado de prensa.
Su secretaria general en la comunidad, María de la Paz Agujetas, explica en conversación telefónica que justo esa es la clave y por ello la entidad ha puesto en marcha la campaña #SOSProfesReligión.
“Queremos que los maestros que imparten esta asignatura sean transferidos a la Administración autonómica”, explica, lo que daría solución a los 2.200 afectados en el conjunto de la región y a los 320 que hay en la provincia de Cádiz.
“Ya hay un reciente compromiso por parte de la Consejería; sus responsables políticos nos aseguran que se han iniciado las conversaciones con el Gobierno central”, explica. Pero no se fía. A finales de 2019, la Junta daba por cerrado el acuerdo y no se materializó, y el asunto ha vuelto a protagonizar un debate parlamentario en los últimos meses. “La Cámara andaluza aprobó el pasado 3 de septiembre una propuesta en este sentido planteada en la Comisión de Estudio para la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19”, detalla.
Si la Junta diera este paso, “se aprovecharía el enorme profesional de estos profesionales” y, por otro lado, la Administración autonómica se convertiría en “salvavidas del profesorado” dado que la Ley de Educación promovida por la ministra Isabel Celaá, la Lomloe, relega a la asignatura de Religión a la mínima expresión al dejar de ser computable para la nota media y no contar con asignatura espejo, de manera que muchos alumnos tendrá como opción irse al recreo o incluso a casa. Todo ello pese a que 73% de los escolares se matriculan en esta opción. “Hay respaldo social pero precariedad”, concluye Agujeras.
