La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Jaén (PAH) han emitido un escrito dirigido al juez decano de Jaén con el que solicitan la aplicación del R.D.L 37/2020 de 22 de diciembre de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y la consecuente paralización de seis desahucios los días 13,14, 15 y 26 de enero y dos sine die en la ciudad de Jaén, hasta la finalización del estado de alarma el 9 de mayo.
Se ha registrado un escrito por parte de la Asociación de Vecinos PASSO y firmas de los vecinos del bloque de una familia numerosa con tres menores de 11, 8 y 4 años, cuyo desahucio está previsto para este miércoles, 13 de enero, en “apoyo incondicional a esta familia, muy querida en el barrio del Polígono del Valle, que vive la incertidumbre del día después del desahucio sin alternativa habitacional”. En líneas generales, el escrito expone la realidad cotidiana de las consecuencias de la pérdida de vivienda habitual por causa de los desalojos en el marco de la crisis sanitaria del Covid-19 que se inició en marzo y que finalizará el próximo mes de mayo.
Se le recuerda al Juez que mantenerse en el hogar ha sido “una de las claves y ha demostrado la importancia de que la ciudadanía vea satisfecho su derecho a acceder a una vivienda adecuada”.
Expresan: “Los lanzamientos van en la dirección opuesta y pueden suponer un riesgo evitable para las personas demandadas y su unidad familiar, pudiendo vulnerar el derecho a la protección de la salud de éstas”.
Solicitan al decanato que cumpla con el rol en la aplicación del ordenamiento jurídico para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible en este contexto de emergencia habitacional. Su petición se basa en que las personas demandadas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica descritas en el R.D.L 37/2020 de 22 de diciembre de 2020; y que pueden acreditar esa vulnerabilidad social con informes de exclusión social.
Además, se basa en la relevancia jurídica del juicio de proporcionalidad y la protección del menor, en la obligación de realojo asistido ante desalojos del único domicilio y en la situación sanitaria excepcional en aras de evitar una responsabilidad patrimonial del Estado ante un desalojo forzoso sin realojo seguro.
