Los 644 abogados colegiados en Jerez tienen una cita en las urnas el próximo 17 de noviembre para elegir la composición de la nueva junta de gobierno del Colegio de Abogados: desde el decano a los diputados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, bibliotecario, tesorero y secretario. A poco más de 24 horas para que se cierre el plazo de presentación de candidaturas (finaliza mañana viernes a las 15.00 horas), que hasta el momento encabezan Yolanda Morales, por un lado, y Federico Fernández, por otro, el todavía decano de esta institución, Marcos Camacho, hace balance de su década al frente del Colegio de Abogados tras decidir “dar un paso al lado” y no presentarse al considerar que ha cumplido una etapa “asumiendo el 100%” y que diez años son “suficientes” para cumplir con los objetivos, especialmente a la hora “dignificar” el turno de oficio y la profesión en general.
Así lo aseguró este miércoles en una entrevista en El Templete en 7TV Jerez. Independientemente de que haya mucho camino por recorrer para el reconocimiento de esta profesión, resaltó que a lo largo de este tiempo hayan podido incrementar las prestaciones económicas del turno de oficio y conseguir abonar asuntos que antes no se remuneraban.
“El esfuerzo de la Administración (por la Junta) es exiguo, pero la situación está mejor”, dijo, tras reconocer que a día de hoy el 60 por ciento del tiempo del Colegio de Abogados está dedicado al turno de oficio, mientras que en Jerez se tarda menos de 30 días en dar cita para designación de un abogado de oficio. “El colapso de la justicia no está en el Colegio de Abogados”, precisa, tras apuntar a la “desastrosa” inversión en justicia por parte de la Junta de Andalucía durante su mandato en esta ciudad. “En Jerez no se ha invertido nada”, criticó, lo cual se traduce en el atasco de los juzgados ante la incapacidad de las actuales sedes judiciales para dar salida a las demandas.
De esta manera, a su eterna reivindicación de que la ciudad cuente con un segundo Juzgado de Familia, se une la de un nuevo juzgado de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social, donde ya avisa que el colapso “va a empeorar mucho” por las indemnizaciones de los despidos y las inspecciones de trabajo postcovid. “Ya sólo con los asuntos del SAS está colapsado”, advierte. En los juzgados de lo Penal la situación es de “auténtico desastre”, apunta, pues salvo para los casos de ingreso en prisión, se tarda una media de tres años en ejecutar las sentencias. Una situación que achaca a la falta de voluntad política. La digitalización de la justicia es otra de las asignaturas pendientes en las que insiste Camacho, que no puede evitar emocionarse a la hora de dar las gracias a su familia y a los colegiados por su apoyo a lo largo de esta década. Ahora está convencido de que tendrá “un buen relevo”.
