La ministra de Igualdad, Irene Montero, considera "imposible" e "inconcebible" que el vicepresidente Pablo Iglesias sea imputado por el caso Dina, una imputación que, de producirse, sería a su juicio un "escándalo internacional".
"No solamente sería un escándalo internacional, sería imposible (...) No contemplo esa opción", ha indicado la titular de Igualdad en una entrevista en TVE.
Montero ha denunciado que la información contenida en la tarjeta robada de la exasesora de Podemos Dina Bouselham sirvió para organizar una campaña mediática contra Pablo Iglesias y Unidas Podemos durante los últimos procesos electorales y la negociación del Gobierno de coalición.
La ministra también se ha referido a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sobre la que reconoce que se pueden opinar "muchas cosas" si bien ha criticado que el PP quiere "seguir controlando por detrás" al Poder Judicial.
"Es insostenible que haya un partido político que condiciona el incumplimiento de la Constitución porque quieren seguir, como decía el señor Cosidó, controlando por detrás al Poder Judicial (...) El PP está bloqueando intencionalmente la renovación", ha declarado.
Montero ha defendido que los grupos que forman el Ejecutivo quieren cumplir la Constitución, mientras que el PP tiene "la intención contraria: incumplir explícitamente la Constitución porque quieren utilizar todas las herramientas a su alcance, constitucionales e inconstitucionales, para intentar ir contra este Gobierno".
En cuanto a la financiación de Unidas Podemos y la consultora Neurona, Montero ha confirmado que se ha entregado la documentación requerida por la justicia y ha recordado que las "decenas de casos" en que se ha acusado a su formación de haber cometido delitos han sido archivados.
La titular de Igualdad ha denunciado que la intención de quienes "montan escándalos mediáticos que se comprueban falsos" tienen la intención de dañar a su partido.
También ha precisado que la reforma de la ley del aborto para permitir a las menores de 16 y 17 años abortar sin necesitar el consentimiento de sus padres está en una fase muy inicial.
Ha aseverado que es un cambio "fundamental para garantizar los derechos de las mujeres" y protegerlas mejor y ha defendido que una mujer de 16 o 17 años puede tomar una decisión tan importante para su vida, como ya puede decidir si someterse una intervención a vida o muerte o trabajar.
