Un total de 2.603 empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) se encuentra en situación de aislamiento por el Covid-19, un 62% menos que hace un mes y un 138% menos respecto a principios de abril, cuando esta cifra llegó a alcanzar los 6.165.
Según ha informado este sábado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de los 179.891 empleados públicos de la AGE, 105.282, el 58,53%, continúan trabajando en modalidades no presenciales, mientras que 57.583 (32,01%) lo hace de forma presencial.
Aparte, 2.603 (1,45%) se encuentran en situación de aislamiento por el COVID-19, 1.023 empleados son voluntarios en servicios sociosanitarios y protección de colectivos vulnerables, y otro porcentaje del personal se encuentra en otras situaciones (permisos, bajas, etc).
El Ministerio ha hecho balance con datos actualizados a finales de mayo, cuando se inicia el proceso de desescalada en la Administración General del Estado, de acuerdo con el Plan de Transición hacia la nueva normalidad, aprobado por el Gobierno y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Según ha detallado el Departamento, para preparar y afrontar la nueva normalidad, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, suscribió el 4 de mayo, un acuerdo con los representantes de los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y CIG, integrados en la Mesa General de Negociación en la AGE.
Las medidas acordadas tienen como ejes la protección de la salud del personal, priorizar el trabajo no presencial, la atención al público preferentemente telemática y la flexibilización horaria.
No obstante, la actividad en la Administración General del Estado ha continuado "prácticamente a un ritmo normal" y de las 3.086 oficinas de atención presencial, 2.242 (72,65%) son oficinas que funcionan con cita previa y, de ellas, ya están abiertas 314.
