Cádiz registraba el viernes pasado 253 ancianos contagiados en las residencias de mayores y 41 fallecidos. La caótica y dramática situación vivida en estos centros ha llevado a Vox a solicitar en las fiscalías provinciales que se inicien diligencias de investigación respecto a la gestión de la crisis sanitaria por el Covid-19. “Nos preocupa el retraso en las medidas sanitarias para la atención” de los internos, señala Carlos Zambrano, diputado nacional de la formación de Santiago Abascal. “Y nos preocupa que haya pacientes no hospitalizados o sin recibir el tratamiento médico adecuado por no tener los medios adecuados o por saturación”, añade.
Vox formalizó la denuncia en la Fiscalía provincial de Cádiz el pasado jueves 16. Para entonces, la Junta ya había actuado en centros residenciales, públicos y privados, de Chiclana, Ubrique, San Fernando, Jerez y Algeciras tras detectar positivos, desplazando personal sanitario, tanto de atención hospitalaria como de primaria para valorar la situación y ofrecer asistencia in situ, así como procediendo a la sectorización para evitar contagios. Igualmente, la Administración autonómica tomó las riendas en las instalaciones de la de Cruz Roja, en San Fernando; Nuestra Señora de los Remedios; en Ubrique; y La Marquesa, en Jerez. Entre las tres, se cuentan al menos una treintena de víctimas mortales por coronavirus.
“Tomamos todas las medidas necesarias para la prevención antes del confinamiento”, asegura Antonio Carrera, director de Operaciones de Vitalia Home, empresa que gestiona La Marquesa, pero “tenemos los medios que tenemos y -agrega- la situación se ha descontrolado”.
La compañía, una de las más grandes de la dependencia en España, con 51 centros, es propiedad del fondo de capital de riesgo británico CVC y está en el disparadero porque solo en la residencia de Leganés, en Madrid, ha registrado un centenar de fallecidos por el coronavirus, aproximadamente la misma cifra que ha tenido que lamentar en su red andaluza desde el puente del 28F y esta semana.
Carrera admite que la Fiscalía de Sevilla ha reclamado información. En Cádiz, no tiene constancia. Pero, insiste, “pusimos en marcha planes de contingencia”. “Discrepo con la judicialización de la gestión porque criminaliza al sector; estamos cuidando”, remacha, justo antes de ofrecer números de sus residencias en la provincia: en Algeciras, con 105 usuarios y 63 trabajadores, no ha habido casos de Covid-19; en San Fernando, con 183 residentes y 110 trabajadores, una residente dio positivo pero, trasladada al hospital, el resultado fue negativo finalmente al repetir las pruebas; Jerez, por el contrario, con una decena de víctimas mortales entre sus casi 200 mayores, tiene activos aún 31 positivos entre los ancianos y 18 trabajadores están apartados por contagio o como medida preventiva.
“Estudiamos las causas de lo que ha sucedido en La Marquesa”, afirma, aunque remarca, desde la prudencia, que influye que la edad media de los usuarios sea de 87 años, lo que los sitúa como principal grupo de riesgo por su vulnerabilidad y, además, que exista una elevada ocupación de las instalaciones y un numeroso personal, lo que explica que incidencia del virus y el riesgo de contagios sean mayores en Jerez.
Agradecido por la actuación de la Junta, reconoce comprender las quejas expresadas por la plantilla y niega, no obstante, que haya denuncia formal por parte de los familiares, quienes han tenido que sufrir, eso sí, colapso en la centralita.
La hija de una de las fallecidas relataba este viernes en conversación telefónica, el horror que ha sufrido la familia desde que conocieron que había dado positivo. “Nos dijeron que estaba decaída y no volvimos a tener noticias”, dice. La víctima, de solo 63 años, sufría una enfermedad degenerativa, pero su hija solo supo de su mal estado por boca de los sanitarios del SAS en la víspera de su muerte. Pese a todo, valora la cercanía de los trabajadores del centro. Desde antes de la crisis y durante la misma, afirma, siempre se mostraron cercanos y han tratado de responder pese a llevar a cabo su cometido bajo presión.
No solo en La Marquesa. El sector ha sufrido la escasez de recursos para ejercer sus responsabilidades con garantías. CSIF se felicita porque ahora, en los centros dependientes de Diputación, estén bien surtidos, pero los profesionales han tenido que tirar de coraje para llevar la peor parte de la crisis sanitaria sin material de autoprotección.
En los centros dependientes de la Junta, asegura Antonia Segura, portavoz del sindicato, “el principio fue angustioso” porque, señala, en la residencia de Algeciras, San José Artesano, solo había 40 mascarillas quirúrgicas, del todo insuficiente para la plantilla. Y, además, cuando saltaron las alarmas, había bajas por cubrir, lo que sumado al personal que ha tenido que guardar cuarentena de forma preventiva, obligó a doblar turno en muchos casos y hasta triplicarlos.
La tardanza en responder de la Administración competente se ha visto suplido gracias a la solidaridad desbordante de la empresa privada. “Hemos recibido y seguimos recibiendo monos desechables, guantes y otros elementos de autoprotección” de firmas del Campo de Gibraltar. “Hasta teléfonos para hacer videollamadas para los residentes y televisiones”, exclama.
De cara a futuro, confía, habrá que reformular el modelo. “Es necesario más inversión y más mantenimiento, pero también más interés”, asevera, y también considera que es importante reforzar el carácter sanitario de los centros de mayores y preparse para que, si sufrimos una nueva alarma, no se cebe con los más vulnerables.
