El empresario Ramón Arenas ha presentado recurso contra el archivo de la investigación por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en la adjudicación de la Casa Ágreda, un inmueble histórico del siglo XVI ubicado en el Albaicín granadino, a la entidad privada Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).
Personado como acusación popular, el empresario, según consta en el recurso presentado ante el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, al que ha tenido acceso Europa Press, incide que el informe de valoración del inmueble "ni se ajusta a las normas legales aplicables, ni se atiene a los valores de mercado, ni a las tasaciones municipales anteriores, ni tampoco a la pericial judicial".
Por ello, y entre otras razones, solicita al juzgado que continúe las diligencias dictando auto de procedimiento abreviado por supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra los investigados, entre ellos el que fuera alcalde de Granada por el PP José Torres Hurtado.
La resolución del Juzgado, a la que tuvo acceso Europa Press el pasado 19 de febrero, señala que el "método utilizado" por el Ayuntamiento para "determinar el valor de enajenación del inmueble en cuestión, podría no ser el más idóneo, pero en ningún caso ilegal y acordado a sabiendas de su ilegalidad".
"Debe señalarse igualmente, que el procedimiento escogido para la adjudicación del inmueble Casa Agreda es acorde con la normativa vigente", agrega el magistrado.
El auto concluye aludiendo a que en la instrucción no se ha encontrado "debidamente justificada la perpetración de infracción penal alguna" en la operación, que tuvo lugar en la anterior etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada.
Por este caso ya declararon en su día en calidad de investigados Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, quienes estos días se sientan en el banquillo por el denominado caso Serrallo, que enjuicia la Audiencia Provincial de Granada, y en el que este miércoles han comenzado las declaraciones de los testigos.
La causa penal por la cesión de la Casa Ágreda se abrió en virtud de la denuncia presentada por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Sin embargo, el juez instructor ya archivó en un principio las diligencias al entender que el proceso se ajustó a la normativa vigente y que la operación "no había quebrado el interés legítimo de los ciudadanos". Posteriormente, fueron reabiertas a instancias de la Audiencia en junio de 2017.
