Un total de 15 de los 20 sindicalistas del Sindicado Andaluz de Trabajadores (SAT), que iban a ser juzgados este miércoles en Sevilla por asaltar y sustraer productos en un supermercado del municipio de Écija en 2012, han llegado un acuerdo con las partes y han aceptado la pena de seis meses de cárcel por un delito de robo con violencia, que podrá sustituirse por el pago de una multa de 720 euros, mientras que los otros cinco sí han sido juzgados.
En declaraciones a Europa Press su defensa, ejercida por el abogado David Rodríguez, ha precisado que estas cinco personas han declarado ante el juez y han negado los hechos remarcando que se trató de un acto simbólico por la situación de crisis.
Por tanto, el juicio, que continuará este jueves, ha proseguido contra estas cinco personas, entre las que se encuentra el secretario general del SAT, Óscar Reina. El mismo, en declaraciones a los periodistas y acompañado por el histórico dirigente de este sindicato Diego Cañamero, ha insistido en su inocencia y ha señalado que "lo volvería a hacer una y 1.000 veces porque el único delito ha sido señalar con el dedo a los verdaderos culpables de la crisis".
"Mientras no se solucione esta situación de pobreza volveremos a hacer esta acción porque entendemos que el pueblo tiene que tomar las calle, no puede permanecer arrodillado con todo lo que está padeciendo en los últimos tiempos", ha subrayado Reina.
En cuanto a las lesiones causadas a trabajadores del establecimiento, los cuales han declarado en el juicio, ha asegurado que ellos han reparado el daño, con el pago de indemnizaciones que oscilan desde los 180 a los 450 euros, pero ha insistido en que "no hubo agresión sino que se vivió un momento de tensión". "Esta acción no iba contra ellos sino contra el sistema", ha aseverado Reina, quien ha recordado que los productos fueron repartidos a los vecinos de la corrala La Utopía.
Por su parte, Diego Cañamero ha asegurado también que "lo volvería a hacer 1.000 veces si se produjera de nuevo esa situación alarmante de pobreza" porque, a su juicio, "simbólicamente ir a un supermercado a expropiar alimentos de primera necesidad para denunciar un caso no es robar ni es delito". De hecho, ha recordado que hicieron lo mismo en otro establecimiento y llegaron a un acuerdo.
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