dSegún los datos presupuestarios de las entidades locales recogidos por el Ministerio de Economía y Hacienda en 2018, los tipos impositivos más altos se localizan en las poblaciones más grandes. Pero esto no siempre es así. Efectivamente, Alcalá del Valle, con unos 5.100 vecinos, apenas ingresó 277 euros por habitante a través de los impuestos directos, indirectos y tasas u otros ingresos en 2017 (último dato disponible en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía); sin embargo, en el otro extremo se situó San Roque, con más de 1.620 euros recaudados por cada uno de sus 30.472 habitantes. Su lugar debería ser ocupado por Jerez, pero el municipio más poblado de la provincia solo anotó una media de 583,89 euros.
Las diferencias del resultado de recaudación tiene que ver mucho con las diferencias bestiales entre las localidades en materia fiscal. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas, aseguró al presentar el último estudio al respecto que “no buscamos las explicaciones”, aunque subrayó que “responden a la libertad de cada municipio” y dependen, del mismo modo, de la calidad del servicio o la renta. La actividad industrial, económica y urbanística, también. Sea como fuere, la licencia de apertura de un comercio cuesta 3.507 euros en Tarifa o 1.990 en El Puerto y menos de 40 euros, por el contrario, en El Gastor y Torre Alháquime. O Prado del Rey, por ejemplo, lidera el ránking de localidades con un mayor impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con 180 euros, frente a los 100,35 de San Roque.
El ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de San Fernando Manuel Raposo (PP) considera, en cualquier caso, que la presión fiscal es excesiva. “Un Gobierno local no puede estar registrando superávit presupuestario a final de año y mantener los impuestos y las tasas tan elevados”, afirma. De hecho, considera que el vecino no debería pagar por tasas que, en su opinión, no tienen un coste adicional para las arcas municipales, como precisamente la mentada licencia de apertura o, añade, vados u obras de rehabilitación y obra menor.
Raposo, que lidió con la crisis económica entre 2011 y 2015 y afrontó una deuda en los cajones de gobiernos anteriores de más de 22 millones de euros, apuesta por una superreducción del IBI y suprimir el pago por estacionamiento, así como externalizar el máximo de servicios y extremar la vigilancia en la prestación de los servicios públicos. Única cuestión, esta última, en la que está de acuerdo Santiago Galván (PSOE), también ex responsable de asuntos económicos y de hacienda en el Ayuntamiento de Jerez y actual alcalde de Zahara de la Sierra.
Galván discrepa en casi todo lo demás. Lo importante, asegura, es que los ciudadanos sean conscientes de la importancia de cumplir con los impuestos porque es fundamental para disfrutar de servicios públicos y garantizar el mantenimiento urbano e inversiones. “No es tanto un problema de cuánto se paga sino que se pague”, remarca. Hace falta, agrega, información y transparencia por parte de las administraciones locales, evitar el derroche, explicar cuánto cuestan los servicios y a qué se destina el dinero público, velando, concluye, por una prestación eficiente y eficaz.
