El macrojuicio del caso 'Poniente' por presunta corrupción municipal y empresarial en torno al Ayuntamiento de El Ejido (Almería) vive esta semana la primera sesión de una vista oral que llega más de una década después de la detención, entre otros, de quien era alcalde, Juan Enciso, y en la que el debate se va a centrar en la supuesta prescripción de los delitos fiscales que se atribuyen a los principales encausados.
Las defensas van a contar con tres sesiones, los días 10, 17 y 24 de enero, para exponer ante las numerosas cuestiones previas, aunque en su mayoría coincidentes, sobre las que debe resolver el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. El interrogatorio de los acusados tendrá que esperar hasta el 30 de marzo.
El exregidor ejidense alega en su escrito de defensa, consultado por Europa Press, vulneración del derecho fundamental a tutela judicial efectiva, vulneración del secreto de las comunicaciones, infracción del derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, y la prescripción de los 16 delitos fiscales que le imputan pese a que, según subraya, los inspectores de Hacienda "mantienen en su pericial que ha vivido en concordancia a sus ingresos".
Para el letrado Francisco Torres, el exalcalde y su familia han sido a lo largo de estos años víctimas "de acoso y derribo" y remarca, al margen de la "dureza" de estar en prisión "los muchos meses que estuvo", el sometimiento a "escarnio público que supuso que después de más de una año de estar decretado el secreto de las actuaciones, se alzara el mismo solo en relación a las escuchas telefónicas". Entiende que, de este modo, se "facilitó la publicación diaria, en portada, de las transcripciones contenidas en aquella interceptación".
Por la presunta trama en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, el exalcalde se enfrenta también 42 años de inhabilitación. Hay un total de 50 procesados para los que se pide un total de 1.545 años de prisión y 99 de inhabilitación para cargo público por 14 tipos delictivos. El importe total de las multas asciende a 884 millones de euros.
El exinterventor municipal José Alemán, quien también fue arrestado aquel 20 de octubre de 2009, plantea hasta ocho cuestiones previas para solicitar la nulidad del proceso. En una de ellas, alega que la investigación "está viciada por ser resultado de una pesquisa general, fruto de una investigación prospectiva generalizada y prohibida constitucionalmente".
También arguye la existencia de dilaciones indebidas ya que las diligencias de investigación se incoaron en 2007 con prolongación "excesiva" del secreto sumarial "sin causa que lo justificara, causando indefensión" y argumenta que los 16 delitos fiscales de los que se le acusa y que suman 52 años de prisión y multa de 46,4 millones de euros habrían "prescrito".
Su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que se ha producido "ruptura de la cadena de custodia" y que hubo detención "irregular" en el arresto que derivó en su ingreso provisional en prisión aunque quedó en libertad a los nueve meses tras pagar una fianza de 600.000 euros.
En el mismo sentido se pronuncia la defensa del acusado José Amate, al que las acusaciones sitúan en el epicentro de la presunta trama como responsable del grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, entramado al que acusa de haberse apoderado de 24,7 millones de euros con "sobrefacturación", todo ello "con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal.
El escrito, que expone posible indefensión y vulneración del principio acusatorio y de igualdad, interesa el archivo de algunos delitos, en concreto, los que son contra la Hacienda Pública ya que las acusaciones hablan de presunto fraude del Impuesto de Sociedades y del IVA en los periodos impositivos de los años 2002 a 2009 y concluye que si este se hubiera cometido, "todos ellos, o, al menos, parte de ellos podrían estar prescritos".
La defensa del empresario, quien se enfrenta a 97 años de prisión, alega también dilaciones indebidas ya que remarca la operación explotó en 2009 y en 2016 se dictó auto de transformación en procedimiento abreviado mientras la "actividad instructora se limitó a esperar la llegada de los informes solicitados a la AEAT y a Intervención General del Estado, que han tardado en verse completadas siete años".
Por su parte, la defensa de Juan Antonio Galán, otro de los empresarios acusados y para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 174 años de prisión por 32 delitos de malversación, contra la Hacienda Pública y cohecho, solicita la nulidad de las actuaciones al considerar que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, el secreto de las comunicaciones y a un proceso sin dilaciones indebidas.
Al tiempo, cree que se produjo la detención ilegal así como que los delitos fiscales habrían prescrito. Según la Fiscalía, el grupo empresarial vinculado a Galán sobrefacturó presuntamente a Elsur, "aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales", 15,6 millones de euros.
El juicio por la macrocausa derivada de la operación 'Poniente' sienta en el banquillo a 49 personas y otras 26 entidades jurídicas.
El caso acumula ya más de diez años desde su fase de explotación, después el 20 de octubre de 2009 la Policía Nacional y la AEAT registraran el Consistorio ejidense, y practicara más de una veintena de detenciones en una operación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería y la Fiscalía Anticorrupción.
El juicio, que ha obligado a la realización de obras en la segunda planta del Palacio de Justicia de Almería durante el pasado verano a fin de que tanto los acusados como sus representantes pudieran estar presentes en la sala de vistas, entrará en su recta final el 21 de julio, con las conclusiones finales que se extenderán durante siete días hasta el final del juicio.
"SAQUEO" DE CASI 71,5 MILLONES DE EUROS
La presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría detraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009.
La acusación fiscal indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".
En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios. Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante "sobrefacturación" en concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento".
PRINCIPALES DEFENSAS
En su escrito de defensa, el exalcalde sostiene que el "daño" que el procedimiento judicial le ha infringido "ha sido y es brutal" al tiempo que afirma que no existe causa alguna por presunta corrupción "en este país donde las consecuencias personales hayan sido tan devastadoras" con una "especie de muerte civil y acoso y derribo".
Por su parte, Alemán sostiene que es "totalmente incierto" que percibiese "prebenda alguna" de las empresas que realizaron trabajos para Elsur y asegura que era "uno más de los consejeros" ya que se trataba de una "empresa privada, no sometida ni a control ni contabilidad pública".
