La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha admitido que se enteró de la intención del Gobierno de convertir en obligatoria la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas para estudiantes universitarios y de FP el mismo día que se aprobó la medida en el Consejo de Ministros.
"La verdad es que fue el día del Consejo de Ministros aquel, cuando lo empezamos a debatir", ha reconocido Celaá señalando el pasado 28 de diciembre, cuando se aprobó el Real Decreto Ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo que incluía esta medida. La ministra de Educación justifica su desconocimiento al ser un texto "macro y marco enorme" elaborado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de Magdalena Valerio.
"Esa es la dinámica de las cosas, es como se hace, es en el Consejo de Ministros donde se debaten las cuestiones", ha explicado Celaá. La medida provocó la inmediata queja de la comunidad universitaria. El presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha admitido en una entrevista a Europa Press que conoció la medida una vez aprobada. "Y una medida de ese calibre, que uno se entere una vez que se ha promulgado, no me parece de recibo", dijo el presidente de los rectores.
La CRUE estima que la medida tendrá un coste de más de 100 millones de euros anuales, y criticó su aprobación "sin consulta previa" a las universidades. Después, acordó con el Gobierno que la cotización obligatoria no entre en vigor hasta el próximo curso, y ha manifestado que las universidades no pueden asumir su coste.
Para la ministra Celaá, "la intención del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social es excelente", porque pretende "procurar que el alumnado se acostumbre a que exista la obligación de cotizar a la Seguridad Social", también que lo hagan las empresas. "Lo que ocurre es que necesitamos un tránsito y en ese tránsito no podemos poner en riesgo la necesidad de contar con empresas colaboradoras como tienen el sistema de FP o el universitario, y se arreglará", ha concluido la ministra.
En todo caso, Celaá se remitió el pasado 5 de febrero a la ministra de Trabajo, Migraciones y Asuntos Sociales, Magdalena Valerio, cuando compareció en la Comisión de Educación del Congreso a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre esta medida. "Deberían habérsela cursado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social", dijo entonces la ministra señalando a su compañera de Ejecutivo y calificando su comparecencia como "impropia" y "anticipatoria".
