El exdiputado navarro del Partido Popular Jaime Ignacio del Burgo ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia para pedir la libertad provisional de Eduardo Zaplana, "quien está en la plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y además padece una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte según el último parte médico del Jefe del Servicio de Hematología del Hospital la Fe".
Del Burgo afirma en su escrito dirigido a la juez que se siente "en la obligación moral de intentar ayudar a quien considero es víctima de una gran injusticia con grave riesgo su vida, y por ello le insto a dictar una nueva resolución por la que se decrete la libertad provisional de don Eduardo Zaplana". "Si por no hacerlo se produjera un acontecimiento irreparable no hace falta que le recuerde el contenido de los artículos 446 a 449 de nuestro Código Penal", añade Del Burgo, refiriéndose a los artículos que recogen la prevaricación.
En su escrito, Del Burgo explica que "hasta hace unos meses pertenecí al Colegio de Abogados de Pamplona después de casi cuarenta años de ejercicio de la profesión". "Fui senador constituyente, presidente de la Diputación Foral-Gobierno de Navarra (1979-1984), senador en las legislaturas I y III así como diputado ininterrumpidamente entre 1989 y 2008". "Durante la legislatura 2004 a 2008 desempeñé el cargo de portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso y por ese motivo trabajé estrechamente con Eduardo Zaplana, que era su portavoz", expone.
Del Burgo asegura además que a lo largo de su vida política ha "luchado contra la corrupción". "Libros, artículos, acciones parlamentarias y judiciales lo confirman. Por eso si el que fuera mi compañero de escaño parlamentario es declarado culpable por un tribunal en un juicio justo me llevaré una enorme decepción. Pero mientras no lo sea, le ampara la presunción de inocencia y quiero creerle cuando niega haber cobrado comisión alguna", expone.
Así, señala que el objetivo de su escrito es solicitar " la inmediata adopción de nuevas medidas cautelares que otorguen la libertad provisional a quien está en la plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y además padece una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte según el último parte médico del Jefe del Servicio de Hematología del Hospital la Fe, cuyo diagnóstico estremece a toda persona bien nacida cuando afirma que el señor Zaplana es 'una bomba de relojería con posibilidad de muerte súbita e inesperada' si regresa a prisión".
Del Burgo añade que "el propio encausado ha proclamado su inocencia y ha manifestado que no sólo quiere combatir su enfermedad sino sobre todo pretende tener la oportunidad de defender su honor, que es un derecho irrenunciable".
Por otra parte, el exdiputado considera que "es inadmisible que se mantenga el secreto de sumario en una investigación que dura ya tres años, durante los cuales se ha vulnerado constantemente tal secreto con informaciones policiales o fruto de filtraciones que sólo han podido salir del propio Juzgado, como también lo es ampararse para no acordar su libertad provisional en a posible destrucción de pruebas, como si en estos momentos no existieran medios técnicos que pueden impedir dicha posibilidad".
En opinión de Del Burgo, "resulta inhumano asimismo mantener a la familia en una situación tan angustiosa hasta el punto de impedirle visitar a un enfermo de tanta gravedad".
En el escrito, el exdiputado añade que hasta ahora la actuación del Juzgado ha estado "amparada" por la Fiscalía y por las resoluciones de la Audiencia Provincial, pero "ya no puede escudarse en informes forenses que, aunque volvieran a emitirse, no pueden tener la misma credibilidad que el diagnóstico del equipo médico especializado de un hospital clínico-universitario prestigioso como es el de La Fe, donde se le atiende de una leucemia que hasta el más lego en la materia sabe que se trata de una enfermedad muy grave que requiere un cuidado adecuado no sólo desde el punto de vista médico sino también sicológico". "Desde luego la celda de una prisión no es el mejor lugar para hacerlo", añade.
Asimismo, Del Burgo señala que "hay otras consideraciones, aunque por desgracia se derivan de una legislación procesal decimonónica y desfasada, parcheada, con un sistema prospectivo en el que la investigación de un delito concreto se convierte en una causa general para ver si a lo largo de la vida del investigado se encuentra algo en el que fundar una acusación incriminatoria". "La Constitución proclama que todos tienen derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. Las medidas cautelares de privación de libertad mientras se procede a la instrucción tienen su sentido en el caso de delitos muy graves (terrorismo y delitos de sangre, violencia de género, narcotráfico, etc.), y han de modularse conforme a las circunstancias concurrentes que pueden ser cambiantes", expone.
En el presente caso, Del Burgo considera que "mantener al señor Zaplana en prisión es una medida excesiva, vejatoria y gravemente nociva para su salud". "Es evidente que la Justicia debe evitar la destrucción de pruebas, pero también la posibilidad de que éstas se fabriquen mediante acusaciones falsas y sin dar al acusado la posibilidad de defenderse contra ellas. Los delitos de naturaleza económica al amparo del secreto del sumario y de una instrucción inacabable se prestan a toda clase de manejos en la oscuridad", sostiene.
