Médicos y abogados de presos de ETA han exigido este jueves la "inmediata" puesta en libertad de un centenar de reclusos "aplicando las vías que la legislación penitenciaria y penal recoge" para los presos con enfermedades graves e incurables, los que cumplen los 70 años de edad durante la condena y los que tienen cumplidas tres cuartas partes de la condena.
Asimismo, han reclamado el traslado a un centro penitenciario cercano al domicilio familiar y la progresión a una clasificación de grado "acorde a la situación personal y penitenciaria" de reclusos con trastornos psicológicos, mayores de 60 años, con más de la mitad de la condena cumplida, mujeres que se encuentran solas, y madres y padres con hijos menores de edad.
En una comparecencia en Bilbao, las médicos Mati Iturralde y Miren Arana y los abogados Haizea Ziluaga e Iñaki Zugadi han presentado un informe sobre las condiciones de cumplimiento de condena de los 280 presos, que cifra en 24 los reclusos que presentan diagnósticos graves e incurables. De ellos, dos se encuentran en su domicilio con prisión atenuada y tres en centros penitenciarios vascos en segundo grado.
Según han asegurado los dos abogados, la legislación actual en relación a personas con enfermedades graves e incurables "es clara" y recoge que "deben salir de prisión". A pesar de ello, han indicado, las solicitudes de libertad en aplicación de la legislación vigente han sido rechazadas en más de la mitad de los casos y "en otros estamos esperando respuesta", en algunos casos con una demora de más de un año.
Entre estos 24 presos, han añadido, existen media docena de casos "especialmente alarmantes", sin que se hayan visto "solucionados" ni "agilizados". En este sentido, han denunciado la "inacción patente" de la Administración penitenciaria ya que debería "actuar de oficio" en casos de presos enfermos.
Por otro lado, Arana e Ituarralde han alertado de que un 20% de los presos siguen terapia psicológica y se dan algunos casos de "trastornos relacionados con la llamada prisonización que son especialmente severos".
En función de los datos que han aportado, continúan en prisión tres reclusos mayores de 70 años, otros trece mayores de 65 y 19 mayores de 60, para los que consideran que se deberían adoptar "medidas alternativas al cumplimiento íntegro de la pena", dado que la estancia en la cárcel "acelera el envejecimiento".
En este sentido, los abogados han indicado que el Código Penal contempla que "los presos septuagenarios pueden ser progresados a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal, y por su escasa peligrosidad" y también "se les podrá conceder la libertad provisional".
El informe señala, asimismo, que un 55,3% de los reclusos (155 personas) ha sobrepasado los 15 años de encarcelamiento y el 80% (224) ha cumplido "entre la mitad y la casi totalidad de las larguísimas condenas a las que fueron condenados". En concreto, 98 han cumplido las tres cuartas partes y por ello, han asegurado, no se les debería "poner traba alguna para acceder a la libertad condicional".
LA LECTURA MÁS RESTRICTIVA
Ziluaga y Zugadi han censurado que "la práctica totalidad de los presos vascos llega a la extinción de las tres cuartas partes de la condena clasificados como el primer día, en primer grado" y, mediante esa "artimaña" que supone "el bloqueo" de progresión de grado, "se impide de hecho a todos cumplir con uno de los requisitos exigibles para obtener la libertad condicional, estar en tercer grado".
"Haciendo la más restrictiva de las lecturas posibles del Código Penal, se les condena a un cumplimiento íntegro y total de la condena, sean cuales sean sus condiciones personales, edad, enfermedad, sea cual sea su conducta en prisión y aunque sea constatable la nula posibilidad de reincidencia", han lamentado.
Finalmente, el informe alude a la situación de las presas, de las que doce se encuentran "encarceladas en soledad, sin ninguna compañera", ocho son madres de hijos menores de 18 años y cuatro conviven con sus hijos menores de tres años en prisión.
Preguntados sobre el posible acercamiento de presos por parte del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, han eludido pronunciarse porque "los términos políticos" corresponden a "otras ventanillas". "Nosotros exigimos a Instituciones Penitenciarias y al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que cumplan con la ley", ha indicado Iñaki Zugadi.
