Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez afrontan el 7 de mayo en Lesbos (Grecia) un juicio por tentativa de tráfico de personas, acusación que les "duele" cuando dejaron su vida para rescatar a refugiados en el mar y que creen obedece a que "somos testigos de lo que ocurre y no les gusta".
Los tres pertenecen a la ONG Proemaid, formada por bomberos sevillanos (Blanco es uno de los fundadores) que al ver que "se estaban ahogando personas en el mar" tratando de alcanzar las costas europeas desde Turquía huyendo de la guerra de Siria decidieron usar su formación para "aportar nuestro granito de arena" y rescatarlos de que esa huida desesperada en lanchas destartaladas y abarrotadas se convirtiera en una muerte segura.
Proemaid comenzó su labor humanitaria en la isla griega de Lesbos a finales de 2015 y la de estos tres bomberos era su tercera misión (el segundo viaje de Blanco y el primero para Rodríguez y Latorre) tras la cual la ONG ha realizado hasta agosto de 2017 otras 30 más "con cero problemas", destaca Blanco.
Y es que el 14 de enero de 2016 llevaban quince días en Lesbos rescatando a gente cuyas lanchas amenazaban con hundirse antes de tocar la costa griega y una vez más, ante una llamada de alerta, volvieron a salir al mar.
"Ese día lo diferente que hubo fue que nuestro barco por problemas técnicos lo teníamos varado, estábamos trabajando en la playa, Manolo recibió una llamada diciendo que había personas en un barco que tenían problemas y Team Humanity -ONG danesa- tenía barco pero necesitaba personal. No lo dudamos" explica Latorre, quien reconoce que no estar en su barco puede ser "la clave" de verse envueltos en este proceso.
En el juicio también están acusados el capitán y un tripulante de la ONG danesa Team Humanity (de hecho el capitán tiene retirado el pasaporte desde entonces) y desconocen si detrás hay alguna represalia contra ésta porque en su caso siempre habían trabajado en coordinación con los guardacostas griegos que les conocían, a veces les pedían ayuda y se sorprendieron de verlos en el barco danés.
Regresaban de buscar una lancha en riesgo de naufragar que no hallaron pero la Fiscalía griega cree que iban en busca de refugiados a aguas turcas para ayudarles a llegar y les acusa de un delito de tráfico de personas, en grado de tentativa ya que en el momento del arresto no llevaban a nadie, que en Grecia está castigado con hasta 10 años de cárcel.
"Nosotros estamos totalmente en las antípodas de lo que se nos acusa, hacemos un hueco en nuestras vidas tanto personal como laboral para hacer rescate y salvamento humanitario y que te acusen de tráfico de personas es muy duro", lamenta Blanco, que insiste en que ese tipo de acusación "nos duele".
El vicepresidente de Proemaid no entiende que si cuando ocurre un terremoto donde sea no se cuestiona que se acuda a hacer labores de rescate y salvamento "¿porque se cuestiona que salvar vidas en el mar en este caso sea delito?".
Su caso fue el primero pero después ha habido otras acusaciones similares a la activista Helena Maleno en Marruecos y a la ONG Proactiva Open Arms en Italia por lo que Rodríguez admite que "es posible que se criminalice la ayuda humanitaria cuando debería estar reconocida".
Están de acuerdo con que hay que ir contra las mafias que trafican con personas "pero hay que luchar contra las mafias, no contra las personas que intentan ayudar, eso no tiene sentido".
Su compañero Latorre es más contundente: "Yo creo que lo que quieren es quitarnos de en medio porque somos testigos presenciales de lo que está ocurriendo y es algo que pienso que no les gusta porque de esta manera la gente se entera de lo que ocurre realmente, pienso que intentan evitar que haya esta serie de testigos allí".
En su caso no parece que lo vayan a lograr pues aunque reconocen que llevan dos años en un "sinvivir", confían plenamente en una sentencia absolutoria tras la cual ninguno tiene "la menor duda" de que volverá a realizar labores de rescate humanitario de forma voluntaria donde sea necesario "cuando tengamos oportunidad".
Mientras, cuentan los días para sentarse ante la única jueza de Mitilene (capital de Lesbos) deseando que todo acabe y se sienten menos solos tras el respaldo expreso en los últimos meses de las instituciones, desde el Ayuntamiento de Sevilla al Parlamento andaluz, la presidenta de la Junta de Andalucía y hasta el jefe de la diplomacia española, el ministro de Asuntos Exteriores, que les ha asegurado presencia consular en el juicio.
Incluso el Ayuntamiento, el Parlamento y la Consejería de Justicia de la Junta les han anunciado que habrá delegaciones de las tres instituciones acompañándoles en el juicio.
Y el ministro Alfonso Dastis atendió su petición de que contactara con su homólogo griego "no para hacer injerencias en asuntos de terceros países y por supuesto no influir sobre el poder judicial", explica Blanco, "pero sí para decirle estos señores son funcionarios nuestros, son bomberos, son conocidos y no son traficantes".
