Los seis empresarios acusados por la presunta extracción ilegal de agua del acuífero 27, que surte a Doñana, para el riego de La Borrachuela, situada en la cabecera del Arroyo de la Rocina, en Almonte (Huelva), se han desvinculado hoy de su participación en los hechos que se les imputan.
Durante su declaración en el juicio que se celebra en el Juzgado de lo Penal 3 de Huelva, los acusados, cuatro hombres y tres mujeres, se han acogido a su derecho de responder únicamente a las preguntas de sus abogados, impidiendo, por tanto, a la Fiscalía cuestionar por dichos hechos.
A preguntas de sus letrados tres de ellos han negado cualquier relación con las empresas que presuntamente eran explotadoras y propietaria de la finca, uno argumentando que desempeña su labor a tiempo completo como maestro, otra asegurando que su gestión al frente de otra de ellas es a partir de finales del 2013, cuando los hechos que se juzgan están comprendidos entre el 2009 y el 2012; y un tercero, simplemente, negando que haya ocupado cargo alguno en otra de las entidades.
De los tres restantes, dos han precisado que la propiedad de la finca "no tuvo nunca" nada que ver en su explotación y el tercero ha señalado que la sociedad de la que era responsable no explotaba la finca en el período al que se circunscriben los hechos.
Tras la declaración de los acusados el juicio ha debido proseguir, con las declaraciones de testigos y peritos, a puerta cerrada, debido a las pequeñas dimensiones de la sala.
Hay que recordar que la Fiscalía solicita para los seis acusados, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, causando perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales, tres años y diez meses de cárcel para cada uno además el pago de 12.200 euros de multa, y la correspondiente indemnización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
La conducta punible de los acusados se centra en las extracciones realizadas en la citada finca, con una superficie de 150 hectáreas, propiedad de una sociedad, pero cuya explotación la llevan a cabo otras tres empresas.
El fiscal precisa que las empresas explotadoras han estando utilizado agua subterránea del acuífero 27, entre el 2009 y el 2012, para sus respectivas actividades agrícolas, sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan.
