Ecologistas en Acción ha celebrado hoy como "un fenómeno paranormal" el derribo de un edificio ilegal construido hace 19 años en un suelo de El Puerto de Santa María (Cádiz) especialmente protegido.
Según explica en una nota de prensa Juan Clavero, de Ecologistas en Acción Cádiz), tras "múltiples y azarosos avatares" en el proceso judicial se ha cumplido una orden de demolición dos años después de que fuera emitida.
Aún así "no deja de ser un fenómeno insólito en un municipio en el que se han construido más de 5.000 viviendas ilegales con el total consentimiento, cuando no expreso apoyo, de los distintos gobiernos municipales", añade.
La construcción del edificio derribado en la finca Los Pinos, en la carretera de Fuentebravía, data de 1998.
Fue entonces, relata la organización ecologista, cuando la empresa Construcciones Chiclana 2000 SL adquirió estos terrenos declarados no urbanizables por su interés forestal, ya que en su mayoría estaban cubiertos por un bosque de pinos y un denso matorral conformado por sabinas, lentiscos y sanguinos.
"Los responsables de la empresa procedieron a desbrozar todo el matorral, dejando el bosque muy deteriorado, e iniciaron la construcción de un gran edificio, junto a la casa señorial que perteneció a la familia Terry, de dos plantas y 654 metros cuadrados", añade.
Ecologistas en Acción denunció esta construcción ante el Ayuntamiento y ante la Junta de Andalucía, que sancionó a la empresa con diez millones de pesetas.
"El Ayuntamiento no sólo se negó a abrir el correspondiente expediente sancionador, sino que firmó en 2003 un convenio -con el apoyo de IP y PSOE- con la empresa propietaria para construir 326 viviendas, un hotel y un centro comercial", explican.
Las denuncias y alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción y la movilización popular contra estos convenios urbanísticos "consiguieron que la Junta desestimara esta actuación" y prescribiera en la Declaración de Impacto Ambiental que todo el pinar quedara como suelo de especial protección como SGEL.
El Ayuntamiento se vio entonces "obligado a incoar los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad" pero, según los Ecologistas, todo el proceso ha sido " adrede, una inmensa chapuza que ha llevado a que varias veces caducara el expediente por negligencia en las actuaciones".
Así el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la primera orden de demolición porque fue firmada por la entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Patricia Ybarra, sin tener competencia para ello, ya que tenía que haberla firmado el entonces alcalde, Hernán Díaz.
"La última vez que se dejó caducar el expediente fue en junio de 2014, y de nuevo fue a instancia de Ecologistas en Acción que se volvió a reabrir" en marzo de 2015.
Entonces el Ayuntamiento ordenó a la empresa Construcciones Chiclana 2000 SL la demolición del edificio de dos plantas realizados con estructura de hormigón y le dio un plazo de dos meses, tras lo que si la compañía no cumplía se procedería a la ejecución subsidiaria de las obras.
"Se ha tardado más de dos años en que se cumpla esta orden de demolición", recuerda Ecologistas en Acción.
"Los que tanto invocan que hay que cumplir las leyes y las sentencias judiciales, cuando se trata de edificaciones ilegales, ni aplican las leyes y normas urbanísticas, ni cumplen las sentencias judiciales", añade el comunicado que bromea diciendo que "a lo mejor hemos entrado en una nueva era" en la que "las leyes y normas urbanísticas se cumplen" con lo que "habría que ordenar la demolición de las miles de edificaciones ilegales existentes".
