El Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que investiga el llamado caso de las audioguías de la Alhambra, tiene previsto tomar declaración esta semana en calidad de investigado a un funcionario del Patronato de la Alhambra y el Generalife que eleva a siete la cifra de implicados en esta causa, así como a tres testigos; el primero de ellos, este lunes.
En esta causa se investiga la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en torno a las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio de audioguías de la Alhambra, considerado el monumento más visitado de España, un asunto por el que en su momento dimitió la directora del monumento, María del Mar Villfranca, que es una de las investigadas.
Este nuevo empleado, que operaba como jefe de negociado de ingresos, tenía locución directa con la empresa a la que se adjudicó el servicio e intervino en informes que se hicieron al respecto de este contrato, habiendo salido a colación a lo largo de la instrucción, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Aunque estaba previsto que declarara este pasado miércoles, su letrado pidió un aplazamiento a fin de tener más tiempo para preparar la causa; de modo que su comparecencia se ha fijado para este martes 25 de julio, coincidiendo con una testifical, que se producirá en la misma jornada. La previsión inicial es que los otros dos testigos declaren uno este lunes y el otro el viernes 28.
PRIMERA FASE DE DECLARACIONES
La primera fase de declaraciones de investigados, que afectó a seis personas, se produjo entre abril y junio e incluyó al que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra José María Visedo y a la ya exdirectora del monumento.
Villafranca afirmó ante el juez haber actuado "conforme a los informes técnicos" y "con soporte legal", garantizando que los intereses públicos del Patronato al que ella representaba "han estado salvaguardados".
En contraposición, cuestionó la "imparcialidad" de la auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía ha realizado en el monumento a raíz de este caso, tachándolo de "informe político", al ser solicitado por el PP en sede parlamentaria y aportado por la Junta a pesar de que el Juzgado no lo solicitó.
Junto a ellos declaró la exsecretaria general de la Alhambra Victoria Chamorro y el interventor delegado de la Alhambra, que defendieron la legalidad de su gestión; además de dos personas más vinculadas a la empresa Stendhal Museum Solution, a la que se adjudicó el servicio de audioguías.
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada les citó en un auto en el que decidió incoar nuevas diligencias separando la investigación que atañe a la adjudicación del contrato de las audioguías de la Alhambra del resto de contrataciones que se estaban investigando y que ahora recaerán en diferentes juzgados, al entender que "no guardan una conexión temporal, espacial o teleológica" que justifique la ampliación de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento.
