La Ministra para la Igualdad, Samantha Sacramento, ha establecido un nuevo hito en términos de igualdad. La Ley de Discapacidad de 2017 (Disability Act 2017), que también será conocida como Ley de Agnes (Agnes’ Law), fue aprobada ayer por el Parlamento.
La Ley sobre Personas Discapacitadas de 1992 (Disabled People Act 1992) había quedado obsoleta y no respondía a las necesidades de una sociedad moderna e incluyente como la que el Gobierno desea promover. Por lo tanto, ha sido revocada y sustituida por esta nueva legislación, que busca establecer unas bases igualitarias en todos los aspectos de la sociedad para las personas discapacitadas.
La Ley de Discapacidad, Ley de Agnes, toma como modelo la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de una manera relevante para nuestra comunidad. Aunque el derecho fundamental a no sufrir discriminación injusta ya está reflejado en la Constitución, esta nueva legislación añadirá medidas de protección adicionales; clarifica las obligaciones y deberes existentes y proporciona un marco para dar efectos prácticos a los objetivos de la Convención y de este Gobierno, que consisten en ofrecer los mismos derechos a todas las personas.
Ayer en el Parlamento, la Ministra Sacramento señaló que, desafortunadamente, la estigmatización, los prejuicios y la discriminación en contra de las personas discapacitadas siguen siendo prevalentes y que, a pesar de que aún queda mucho camino por recorrer hasta lograr cambiar los hábitos, percepciones y actitudes culturales, esta ley busca desarrollar y dar efecto al derecho a no ser tratado de manera menos favorable, además de poner los derechos de las personas con discapacidad al mismo nivel que los de cualquier otro individuo.
La Ministra de Igualdad también comentó que la ley no es suficiente por sí sola, y que, para que resulte significativa, resulta esencial fomentar la educación, concienciación y formación continuas, con el objetivo de asegurar que la comunidad comprenda correctamente sus obligaciones y asuma mayor responsabilidad sobre la manera en la que trata a las personas con discapacidad.
La legislación ha sido nombrada en honor de la fallecida Agnes Valarino, antigua Presidenta de la Sociedad de Discapacitados (Disability Society), que dedicó todo su esfuerzo a los derechos de las personas con discapacidad y cuya ambición era la de contribuir a aprobar una legislación específica para las personas con discapacidades.
El Ministro Principal, Fabián Picardo, manifestó: “Históricamente, la legislación sobre discapacidad ha sido un área de nuestra normativa que ha sido pasada por alto. La igualdad es un principio importante para el Gobierno y, una vez más, la Ministra Sacramento ha liderado el camino que nos ha llevado a cumplir nuestras promesas a la comunidad. La Ley de Agnes representa un nuevo paso pionero para este Gobierno. La Ministra Sacramento es la mayor defensora del progreso de los derechos civiles de entre todos los miembros de este Parlamento y quiero elogiarla por su magnífico trabajo en este respecto. También quiero elogiar el trabajo de los defensores de esta causa que han luchado por alcanzar este importante hito”.
La Ministra de Igualdad, Samantha Sacramento, declaró: “Me siento orgullosa de formar parte de un Gobierno que mantiene un compromiso constante y cumple sus promesas en el campo de la Igualdad. Esta cuestión no es nueva, ha existido desde hace muchos años, pero tan solo ha adquirido relevancia y se le ha concedido la debida importancia desde que nuestro Gobierno accedió al poder e implementó avances significativos en múltiples frentes en este ámbito. Hemos elevado el perfil de los derechos y capacidades de las personas con discapacidad de una manera sin precedentes y, naturalmente, continuaremos haciéndolo.
En última instancia, el objetivo de la Ley de Discapacidad es el de promover, proteger y asegurar que las personas con discapacidad puedan disfrutar igual y plenamente de los derechos y libertades fundamentales, así como el de fomentar el respeto hacia su dignidad intrínseca. Por lo tanto, esta nueva ley representa un nuevo paso adelante y establecerá cambios importantes en las vidas de las personas con discapacidad y sus familias.
Necesitamos que todo el mundo acoja el principio de igualdad de la discapacidad y, aunque como Gobierno hemos establecido un marco regulatorio, como ciudadanos todos tenemos la responsabilidad individual y colectiva de ir más allá y hacer de Gibraltar un lugar incluyente para las personas con discapacidad.
Me he referido a la ley como Ley de Agnes, puesto que creo que representa un tributo adecuado para una mujer que fue una auténtica pionera y defensora de los derechos de las personas con discapacidad en Gibraltar.
Estoy muy agradecida a la Sociedad de Discapacitados y a todas las demás ONG e individuos que trabajan a favor de los discapacitados con los que he colaborado, así como a la Cámara de Comercio (Chamber of Commerce), la Federación de Pequeñas Empresas (Federation of Small Business) y el Comité de Igualdad del sindicato Unite (Unite Equalities Committee)”.
