La implementación del acuerdo de paz de Colombia siguió hoy su marcha tras la ampliación del plazo para la dejación de armas de las FARC hasta el 20 de junio y el compromiso del Gobierno de garantizar la reincorporación social de los guerrilleros.
El nuevo plazo, acordado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del acuerdo de paz, de la que forman parte delegados del Gobierno y las FARC, fue anunciado el lunes por la noche por el presidente Juan Manuel Santos después de que no se alcanzara el objetivo durante los 180 días iniciales que expiraron esa jornada.
"A partir del 1 de junio y hasta el 20 de junio, la totalidad de los integrantes de las FARC-EP, incluyendo las milicias, habrán hecho dejación de armas y tránsito a la legalidad", señala el comunicado conjunto de la CSIVI divulgado por la Misión de la ONU.
La ampliación del plazo fue recibida con opiniones encontradas en la política colombiana.
El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, dijo a periodistas que si el país ya esperó más tiempo para hacer la paz con las FARC no cuesta aguardarlos 20 días más para que dejen las armas en manos de la ONU.
"Son tiempos razonables, no van a cambiar el curso de los acuerdos", declaró el presidente del Legislativo en referencia a la prolongación de los tiempos acordada el lunes, que incluye 60 días adicionales para la reincorporación de los guerrilleros a la sociedad civil.
Esa postura coincide con la expresada anoche por Santos, quien en la alocución para informar al país de los nuevos plazos afirmó: "Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida".
Por su parte, el senador José David Name, del gobernante Partido de La U, manifestó que "el nuevo plazo de entrega de las armas de las FARC no puede ser entendido como una concesión sin fin".
Según Name, el Gobierno debe hacer "todo lo necesario" para que en dos meses se hagan las obras necesarias en las 26 zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), donde están reunidos desde el mes de febrero 6.934 guerrilleros de las FARC para dejar las armas.
Esas zonas estarán vigentes hasta el 1 de agosto, fecha a partir de la cual serán convertidas en "espacios territoriales de capacitación y reincorporación", donde los guerrilleros aprenderán a "preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria".
Otro senador del mismo partido, Armando Benedetti, fue más crítico y cuestionó al Gobierno por no terminar dentro de los plazos fijados las zonas veredales, uno de los motivos alegados por las FARC para no entregar las armas en los tiempos previstos.
"Es inconcebible que hayan pasado los cinco plazos de entrega de las zonas veredales y no se haya cumplido por parte del Gobierno", escribió Benedetti en Twitter.
Para que la aplicación del acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre no se dilate más, Santos emitió 34 decretos, al menos la mitad de ellos en los últimos días, con las normas y procedimientos para agilizar el proceso, informó hoy la Presidencia.
Los decretos reglamentan desde la amnistía e indulto para los guerrilleros hasta la creación del "Programa de sustitución de cultivos ilícitos", pasando por la búsqueda de personas desaparecidas en el conflicto o el inventario de bienes y activos de las FARC, entre otros asuntos.
El de los bienes de la guerrilla, cuya riqueza es motivo de polémica en Colombia, fue firmado el lunes por el presidente, en el último día de las facultades especiales para emitir decretos sin necesidad de que pasen por el Congreso.
Según el decreto 903 de 2017, las FARC elaborarán un "inventario definitivo de sus bienes y activos" en un plazo que debe coincidir con la fecha de terminación de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN), es decir el 31 de agosto.
Otro decreto de ayer establece los instrumentos del Programa de Reincorporación Económica y Social de los miembros de las FARC que incluye ayudas financieras para los guerrilleros.
Senadores como Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, criticaron la posición del Gobierno al considerar que muestra "debilidades".
"Mientras se continúan aprobando normas para el terrorismo, las FARC incumplen y se toman más días para entregar las armas", dijo Valencia a periodistas. E
