Se trata de una modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo o piratería, entre otros, y que ha contado con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, salvo ERC-IU-ICV y el grupo mixto.
La reforma, que ahora se envía al Senado, ha sido respaldada por PSOE, PP, CiU y PNV –329 votos a favor, 9 en contra y 6 abstenciones–. A partir de ahora, como requisitos para que la Justicia española pueda actuar bajo el principio de jurisdicción universal, se establece la necesidad de que se demuestren “vínculos de conexión relevante” con España, que haya víctimas de nacionalidad española o que el autor de delito esté en territorio nacional.
Actualmente la Audiencia Nacional mantiene abiertas una quincena de causas bajo dicho principio de justicia universal, que abarcan desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet a los crímenes de guerra en Gaza, las torturas en Guantánamo o los actos de piratería en las costas de Somalia
Durante el debate en el Congreso de los Diputados, los portavoces del PSOE y el PP han destacado que el objetivo de la reforma es clarificar la regulación de estos delitos para que no queden impunes.
