La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, sin el apoyo del PP, se ha manifestado a favor de pedir al Gobierno la modificación de la Ley de Montes para impedir que un terreno calcinado en un incendio forestal no se pueda recalificar en 30 años.
En concreto, se trata de una proposición no de ley que pretende retornar al texto de 2003 que estaba en vigor hasta 2015, año en el que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una modificación a la norma que dejaba abierta la construcción en terreno quemado antes de los 30 años "cuando concurran razones de interés público de primer orden".
En Marea, defensora de esta iniciativa, ha señalado que, aunque el nuevo apartado alegue un carácter excepcional, en ningún momento se determina cuáles son "esas razones de interés público". Su portavoz, Alexandra Fernández, ha denunciado que el único cambio que ha aportado esta reforma es una "relajación de la protección ambiental de los montes".
"Desde nuestro punto de vista, es completamente innecesario y demuestra que existía una voluntad férrea por parte del PP de buscar algún resquicio para dar vía libre a la especulación urbanística", ha indicado Fernández.
Del mismo modo, la confluencia gallega de la que forma parte de Podemos denuncia que este texto supone una vulneración "flagrante" de las competencias autonómicas".
UNA MEDIDA "DEMAGÓGICA Y SECTARIA"
Ante estas palabras, la diputada 'popular' Teresa de Lara, ha declarado que el único objetivo de la modificación realizada en 2015 era "evitar que incendios provocados o fortuitos pudieran impedir actuaciones de interés general, como una carretera o una depuradora", frente al interés forestal. "Una edificación no tiene interés general" ha señalado ante las acusaciones del resto de grupos sobre los posibles intereses del PP en la especulación urbanísticas.
Del mismo modo, y tras calificar la proposición como "demagógica, sectaria y que falta a la verdad", De Lara ha explicado que son las comunidades autónomas la que acuerdan si el uso del terreno es forestal o de interés general, por lo que, a su juicio, "no hay invasión de competencias".
EL MONTE COMO NEGOCIO
Desde el PSOE, la diputada Rocío de Frutos, ha abogado por evitar "los abusos especulación" y ha señalado que a su formación le "repugna cualquier medida que haga pensar en el monte quemado como una fuente de negocio".
En este sentido, también se ha expresado el diputado de C-P-EUPV, Enric Bataller, formación integrada en el Grupo Mixto, quien ha centrado su exposición en "la presión urbanística que está haciéndose fuerte en muchos parajes y, sobre todo en la costa". Además, ha mostrado la necesidad de que, desde la comisión del Congreso, se trabaje para acompañar esta norma a otras que "coayuden" a evitar los incendios forestales y su recalificación.
Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, se ha preguntado por las intenciones del PP para modificar este punto de la Ley de Montes cuando, según ha apuntado, su cumplimiento supuso una "bajada considerable de la superficie calcinada" y "funcionaba bien".
