Miembros de Podemos Granada se han reunido este sábado en la localidad granadina de Cijuela en una jornada en la que se han impartido talleres y se han realizado propuestas de trabajo, con la fusión hospitalaria y el AVE soterrado como temas "clave" para la formación a nivel provincial.
En una nota, Podemos Granada ha informado de que el parlamentario Jesús de Manuel se ha estrenado en la reunión mensual de trabajo que mantienen con todos los secretarios generales y concejales de los diferentes municipios de la provincia y los cargos electos de la formación, que se convoca cada mes en un municipio distinto en orden por letra alfabética.
El parlamentario ha querido comenzar su andadura con la defensa del AVE soterrado en Granada, por lo que ha considerado que es una "buena idea lo que se propuso en la comisión técnica de defensa de la Vega de que los recursos que se están destinando al desdoblamiento de la carretera de Córdoba, se destinen al soterramiento del AVE y a un buen servicio ferroviario de cercanías".
En ese sentido, ha calificado de "muy preocupante el aislamiento que sufre Andalucía oriental por el cierre de las líneas de ferrocarril", a la vez que ha puntualizado que Podemos "apuesta por aprovechar la gran inversión que se realiza en el AVE para potenciar el ferrocarril de modo transversal para que sea vertebrador tanto para el transporte de mercancías como pasajeros".
Por otro lado, la portavoz municipal de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha declarado que además de tratar temas locales de cada municipio, en la reunión se iba a realizar una puesta en común de documentación acerca de la fusión hospitalaria en Granada, "un proceso que se ha parado en otras provincias andaluzas y que aquí, de momento, sigue adelante".
"Además de la pérdida de camas, más de 600, esta fusión va a suponer la merma de plantilla sanitaria, 800 trabajadores menos en toda la provincia", ha explicado la portavoz.
Asimismo, ha anunciado este hecho como "un desmantelamiento de los ya castigados servicios públicos en sanidad", lo que, a su juicio, supone "una pérdida en la calidad de la atención sanitaria a la población".
