La apertura de juicio oral a varios técnicos del Ayuntamiento como consecuencia de la investigación de la adjudicación supuestamente irregular de varios servicios relacionados con la participación de Jerez en Fitur 2004 puede quedar en nada si finalmente se atiende el recurso presentado por el abogado Manuel Hortas.
En concreto, Hortas ha explicado que la apertura de juicio oral es independiente del recurso presentado con anterioridad, que todavía no se ha resuelto. Esto significa que el procedimiento ha seguido adelante sin tener en cuenta ese recurso, de modo que en el supuesto de que finalmente fuera atendido el auto carecería ya de validez.
Por este motivo, Hortas tiene “la misma confianza” que antes en que sus representados eviten su declaración ante el juez. Hortas recurrió el auto de noviembre argumentando que no hubo quebranto de la legalidad. Tanto es así que en su día se “formuló el informe que ha sido determinante para la investigación de los hechos”, mientras que también se “exigió reducción de la cuantía de algunas facturas cuyo importe no era conforme a lo contratado”, lo que a juicio de Hortas “demuestra la honestidad de su actuación”. El abogado cree que el juez sustenta la imputación en una “inadecuada concepción de la función de interventor en el desarrollo de su actividad”.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a su número dos, Pablo Crespo, y a otras siete personas (cinco de ellos funcionarios) por tres contratos irregulares del Ayuntamiento de Jerez a empresas de la red por 355.391 euros.
Por estos supuestos amaños en la adjudicación de eventos de Fitur 2004, la Fiscalía Anticorrupción pide 7 años y 9 meses de cárcel para Correa, Crespo y otros dos presuntos integrantes de la trama, todos ellos por delito continuado de falsedad documental y fraude a las Administraciones Públicas.
Por su parte, la alcaldesa, Mamen Sánchez, consideró ayer “triste” el asunto que afecta a varios técnicos municipales y advirtió del temor que muchos de ellos tienen ahora a cometer algún error administrativo que pueda tener consecuencias en un futuro. “A veces las cosas van muy lentas porque los técnicos temen a la hora de hacer los procedimientos y tardan mil veces más que antes porque tienen que estar muy seguros de lo que hacen, ya que cualquier cosa puede ser cuestionada”, admitió.
