El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha sentado en el banquillo a nueve personas, entre ellos los presuntos líderes de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo, por las adjudicaciones presuntamente irregulares que el Ayuntamiento de Jerez concedió a la red en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2004.
El magistrado envió en junio pasado al Tribunal Supremo la investigación que llevaba a cabo sobre la exalcaldesa de Jerez y exsenadora María José García Pelayo, que ha obtenido escaño en el Congreso en las últimas elecciones por lo que seguirá siendo investigada en el alto tribunal y queda fuera de la decisión de la Audiencia nacional. Está pendiente de ser llamada a declarar ante esta instancia.
El instructor ha dictado el auto de apertura de juicio oral de este procedimiento contra los dos líderes de la trama y dos de sus trabajadores, Isabel Jordán y Javier Nombela. Además, serán juzgadas dos interventoras municipales, el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), una empleada de este organismo y el por entonces secretario del Ayuntamiento.
La Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y nueve meses de cárcel a Correa, Crespo, Jordán y Nombela por presunta prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones públicas y falsedad en documento mercantil; y siete años de cárcel para los funcionarios municipales, a excepción de una de las interventoras, por los mismos delitos menos el último. Reclama, además, dos años de cárcel para la segunda interventora por presunta prevaricación y fraude a las administraciones. Pide también que todos ellos sean inhabilitados durante 12 años para ocupar cargo público.
En el auto notificado este viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 fija las fianzas que los acusados deberán depositar en concepto de responsabilidad civil para hacer frente a las multas a las que pudieran ser condenados, que en el caso de Correa , Crespo, Felisa Isabel Hordán y José Javier Nombela son de 293.333 euros para cada uno.
Para el resto de procesados, las fianzas son de 96.000 euros. El juez da además diez días a las partes para que presenten sus escritos de defensa y proposición de prueba frente a las acusaciones formuladas.
INVESTIGACIÓN EN EL SUPREMO
Por lo que se refiere a García Pelayo, que comenzó siendo investigada por la Audiencia Nacional, tendrá que declarar en las próximas fechas ante el Tribunal Supremo después de haber obtenido escaño en el Congreso de los Diputados en las elecciones celebradas el pasado 20 de diciembre. .
El alto tribunal abrió pasado mes de septiembre causa en su contra a raíz de los contratos cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros.
García Pelayo concurría como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba.
El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuye a la exalcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en FITUR 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello. El Supremo tiene aún que validar éstas acusacionesl.
El juez De la Mata dio por finalizada la investigación de esta pieza separada del 'caso Gürtel' en un auto dictado el pasado noviembre tras constatar que los contratos se adjudicaron "sin concurso público" e incurrieron en "groseras ilegalidades".
La contratación del stand de Fitur, por importe de 355.391 euros, se adjudicó directamente a tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio. Estas sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que se los adjudicara formalmente el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, un órgano que "no era el competente" para ello.
EXPEDIENTES FICTICIOS
El juez, que considera que los acusados cometieron un delito de prevaricación continuada, reincide en los argumentos que ya expuso en noviembre y subraya que los contratos y expedientes administrativos se elaboraron una vez finalizada la Feria de Turismo y, en algunos casos, se trataron de "contratos menores sin publicidad".
De la Mata concluye que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPDC, José Agüera, justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia" y la empleada Lourdes Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.
De esta forma, las empresas de la Gürtel confeccionaron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur, con lo que se demuestra que los expedientes "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que " las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas.
Las firmas de Correa presentaron sus facturas al IPDC y fueron aprobadas por García Pelayo en su condición de presidenta, a pesar de que la competencia correspondía al Consejo Rector. En la aportación de la documentación por parte de las empresas de la Gürtel, participaron Correa y Crespo en calidad de directivos y Jordan y Nombela como trabajadores.
La adjudicación del 'stand' de Fitur y su promoción con publicidad y propaganda llevaron aparejados sendos presupuestos de 162.806,37 y 141.367,56 euros, el espectáculo ecuestre de la Plaza Mayor costó 39.366,92 euros y la muestra de flamenco, 11.855,08 euros.
