El juez de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, toma este miércoles declaración a un extrabajador de una de las empresas adjudicatarias de la publicidad de Bankia en la etapa en la que la entidad estaba presidida por Rodrigo Rato. El magistrado, que investiga irregularidades en el patrimonio del exvicepresidente, cierra de este modo la nueva ronda de interrogatorios que inició en noviembre, cuando imputó al exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda, José Manuel Fernández Norniella.
El antiguo empleado de Zenith, Fabrizio Bini, ha sido citado semanas después ya que trabaja en la actualidad en otra empresa del sector de la publicidad fuera de España y no pudo comparecer el mes pasado.
El juez instructor, al que el Supremo atribuyó recientemente la competencia para investigar la comisión de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares presuntamente cometidos por Rato y por otra docena de personas, imputó entonces al presidente de Publicis Miguel Ángel Furones, al director ejecutivo de Zenith, Sergio Lorca, y a una directiva de una de las filiales del grupo publicitario investigado en el caso Rato.
Serrano-Arnal investiga la relación de éstos directivos de publicidad, cuyas empresas diseñaron la campaña de la salida a Bolsa de Bankia, con varios contratos de las sus compañías de la entidad. Ambas sociedades pagaron presuntamente comisiones por importe de más 800.000 euros a cambio de la publicidad y más de la mitad de esta cantidad se derivó a la empresa Kradonara, propiedad del exdirector gerente del FMI.
CONTRATOS DE PUBLICIDAD
Esta presunta comisión irregular acabó en las arcas de Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway, y, según los indicios que obran en la causa, fue ingresada por Albisa SL, compañía de otro de los imputados, el presunto testaferro Alberto Portuondo. Albisa, fue, según el juez, "artífice de la obtención de Bankia como cliente" para las empresas publicitarias mencionadas que se ocuparon de las campañas para dar a conocer la nueva marca y su salida a Bolsa.
Las dos empresas se encuentran al borde de perder su relación laboral con Bankia. Según han informado fuentes de la entidad, Publicis ya no forma parte desde hace meses del pool de agencias que optan a la publicidad del banco mientras que Zenith, actual central de medios, dejará de serlo cuando se resuelva un concurso ya en marcha para sustituirla en este cometido.
Serrano-Arnal investiga el patrimonio de Rato y se centra en tres líneas básicas que confluyen en la empresa Kradonara, de la que Rato es "el beneficiario último" a través de la sociedad británica Vivaway y que fue constituida por otro de los imputados, el abogado y presunto testaferro Domingo Plaza.
KRADONARA, CENTRO DE LA TRAMA
La sociedad de escasa actividad constituida en 2001 cambió radicalmente a partir de 2011, momento en el que pasó a dedicarse a la prestación de servicios de consultoría, dice el juez.
A partir de ese punto comenzó a recibir grandes cantidades de divisas, que el magistrado cifra en 6,5 millones de euros, y que proceden de transferencias de tres empresas, la británica Vivaway, la panameña Westcastle Corporation y Red Rose, radicada en Bahamas. Esta primera línea se cruza con una segunda en la que aparecen dos empresas de publicidad que disfrutaron de contratos con Bankia durante la presidencia de Rato.
Esta empresa encabeza la tercera línea de investigación. El juez asegura que recibió no sólo el dinero de las comisiones de los contratos publicitarios sino un millón de origen desconocido remitido por Kradonara y Vivaway, otros 100.000 euros procedentes de Telefónica e "ingresos defraudados a Hacienda procedentes de la asistencia de Rato a congresos y conferencias".
El Juzgado de Instrucción 31 de Madrid mantiene imputadas a otra decena de personas en este procedimiento. Además de a Rato, investiga al presunto testaferro Alberto Portuondo --el único que fue enviado a prisión, medida que se levantó la pasada semana-- el abogado Domingo Plazas, la que fuera secretaria del exvicepresidente del Gobierno Teresa Arellano y otro presunto testaferro, Miguel Ángel Montero.
Serrano-Arnal también mantiene la imputación sobre la directora general de Zenith, Candi Rodríguez y el consejero delegado de Publicis, Xabier Olazábal. Se encuentran, además, imputados el exdirector de Comunicación de Caja Madrid y Bankia Miguel Robledo y una empleada de Portuondo.
