La empresa propietaria del Cortijo de Fraile, el inmueble declarado BIC en el que se sucedieron los hechos que inspiraron a Federico García Lorca su obra 'Bodas de sangre', va a iniciar la próxima semana las obras de consolidación del edificio ubicado en Níjar (Almería), de forma que estas se centrarán en un la capilla y el campanario.
La empresa Rehabitec, encargada de acometer los trabajos presupuestados en unos 140.000 euros, ha comenzado este lunes las labores previas al inicio de la obra sobre el terreno en el que se asienta el inmueble, protegido bajo la figura de Sitio Histórico, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas a la actuación.
Las esperadas obras tienen como objetivo frenar el grave deterioro que sufre el edificio, que llegó a estar declarado en ruina por parte del Consistorio nijareño aunque, posteriormente, se archivó este procedimiento. Fue en agosto cuando, por vía de urgencia, el Ayuntamiento aprobó la licencia de obra para el inicio de los trabajos.
Los permisos municipales están encaminados a la conservación de la estructura del campanario así como la estructura exterior de la capilla, lo que enlucirá la parte visible de la edificación que, por el contrario, no será reformado en su interior.
La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, emitió a finales de mayo una resolución por la que autorizaba a la empresa 'Agrícola Mar Menor', con sede en Murcia, la ejecución de obras de consolidación en la fachada principal y la torre de la capilla, entre otros espacios como el campanario, a fin de frenar su deterioro y tras introducir "pequeñas correcciones".
La actuación sobre el BIC, testigo de unos hechos que también inspiraron obras como 'Puñal de Claveles', de la escritora Carmen de Burgos, ha sido objeto de litigio entre la propiedad y la Junta andaluza, ya que la primera entiende que la ejecución y la financiación del coste corresponde al Gobierno autonómico.
Por otra parte, la propietaria mantiene su interés en que la Administración autonómica responda a la propuesta de cesión de uso gratuita que lanzó ya hace casi dos años y sobre la que el Gobierno andaluz no se ha pronunciado de manera oficial.
