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Cádiz

La Junta se doblega ante Pascual y renueva el concierto con seis hospitales

Los trabajadores, por tanto, han desconvocado todas las movilizaciones que tenían previstas como la manifestación para el próximo lunes 23 de noviembre en Sevilla, frente a las oficinas del SAS, y otra el miércoles 25

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  • Protesta de los trabajadores -

La empresa José Manuel Pascual Pascual ha acordado con la Consejería de Salud un concierto de disponibilidad asistencial para los cuatro hospitales que la empresa tiene en Cádiz (Cádiz, El Puerto, Sanlúcar y Villamartín), los centros sanitarios de Málaga y Huelva y el Centro de Rehabilitación de Villamartín.

Así lo ha confirmado el presidente del Comité Intercentros, José María Manzano, quien ha aclarado que el acuerdo tiene una vigencia de cuatro años y que sus términos son similares al que se adoptó en 2011.

Manzano ha aclarado además que en el caso el Hospital Santa María de El Puerto los médicos de familia podrán mandar pacientes directamente al centro sanitario.


El representante de los trabajadores se ha mostrado "sumamente feliz" por esta decisión que, en su opinión, "garantiza que los puestos de trabajo y el nivel asistencial que tenían antes de las prórrogas".

De hecho, ha reconocido a Efe que, cuando recibieron la noticia, estuvieron "de celebración" por una noticia "largamente esperada por todos los trabajadores".

A través de un comunicado, los trabajadores han felicitado a la Junta por llegar a este acuerdo con el que, aseguran, "todos ganamos".

"La Junta de Andalucía con este concierto ha cumplido con su palabra de mantener los más de 2.000 puestos de trabajo y la asistencia a una población cercana a los 500.000 andaluces".

Los trabajadores, por tanto, han desconvocado todas las movilizaciones que tenían previstas como la manifestación para el próximo lunes 23 de noviembre en Sevilla, frente a las oficinas del SAS, y otra el miércoles 25.

José Manuel Pascual, propietario de la mayor empresa de sanidad privada en Andalucía, abrió las negociaciones con el SAS el pasado mes de septiembre, un mes antes de que expirara la prórroga que permanecía vigente.

La Administración reclamaba a la empresa sanitaria una reducción del 2,3 % sobre las cantidades percibidas en pago por la prestación de servicios como había logrado con las cinco empresas restantes que prestan asistencia sanitaria concertada al SAS.

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