Tras el anuncio del delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, de que reducirá vía decreto 855 plazas de la Zona Azul en las zonas de Pirotecnia, Bami y entre Luis Montoto y Jiménez Aranda, el portavoz de Ciudadanos Sevilla, Javier Millán, ha denunciado la “falta de criterio y actuación unilateral del gobierno sin tener en cuenta al resto de grupos municipales ni al ciudadano”.
Millán insiste en que su formación está “totalmente a favor y se siente satisfecho por haber conseguido la reducción de la ampliación de la Zona Azul, algo que se hizo con carácter recaudatorio y no rotacional”. El portavoz recuerda que “nosotros mismos realizamos un estudio, encargado al despacho de Álvaro Pimentel, que presentamos el 22 de julio según el cual el contrato permitía reducir un tercio de la ampliación realizada por el gobierno de Zoido”.
La propuesta presentada por Ciudadanos y aprobada en Pleno el pasado 31 de julio “permite ahora al Ayuntamiento reducir hasta un 10% del total de plazas consignadas, algo que contempla el contrato sin que AUSSA tenga derecho a ningún tipo de reclamación”.
Tras la moción, aprobada con el apoyo del mismo PSOE y el voto de calidad del alcalde, Javier Millán manifiesta ahora “enorme sorpresa ante las declaraciones del delegado de Movilidad en las que anuncia la modificación de la zona azul vía decreto, algo que es una inmensa chapuza jurídica y va en contra de lo acordado en el órgano representativo de los sevillanos, porque todo esto se debe hacer a través de una modificación de la Ordenanza Fiscal, tras un periodo de información pública y una rectificación del contrato con AUSSA”.
Además “queremos recordar al gobierno socialista que cuando estaban en la oposición presentaron alegaciones en marzo de este mismo año y un recurso de reposición contra el PP, por proceder de la misma forma que ellos están haciendo ahora que están en el Gobierno”.
Concretamente en palabras textuales del recurso que presentó el PSOE, se consideraba que la resolución del entonces delegado de Movilidad, el popular Juan Bueno, “no tiene ni proceso de alegaciones, ni debate en el Pleno ni informe del Consejo Económico y Social”, e insistía en que “se ha privado de una competencia al Pleno y se ha otorgado a un concejal, al sustituir sin base legal una ordenanza fiscal por una resolución dependiente únicamente de este concejal”. Así, en su momento, Espadas calificó la misma gestión que ahora él realiza como “escandalosa y con indicios de ilegalidad”.
