La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes que Andalucía ha dejado de percibir 4.156 millones de euros en los años en los que se lleva aplicando el actual modelo de financiación, según los últimos datos disponibles que incluyen ya la liquidación del año 2013.
Montero ha explicado que esa cifra supone que la comunidad está "infrafinanciada" y que "llega menos dinero por andaluz que lo que llega por español al resto de España".
En este sentido, ha advertido de que la existencia de "territorios infrafinanciados que no puedan converger" supone un "riesgo muy alto para la igualdad de los ciudadanos", mucho más que el hecho de "afrontar un debate sobre el modelo" ya que, por muy "complicado" que éste pueda ser, siempre puede "tener puntos de encuentro".
Con respecto a la liquidación de 2013 y los 256 millones de euros que Andalucía debe devolver al Estado, la consejera ha dicho que es algo "incoherente y sorprendente" que la comunidad sea prácticamente la única que tiene que devolver dinero --solo Aragón tiene, como Andalucía, un saldo negativo, pero en su caso, de 20 millones-- mientras que entre el resto se reparten más de 1.700 millones.
"El Gobierno de España tendrá que explicar este dato porque con las tablas no se sostiene" ha valorado la consejera, que ha reiterado que la Junta está "estudiando" la posibilidad de acudir a la Justicia, como ha hecho "de forma sistemática" desde la entrada en vigor del actual modelo de financiación que, "más allá de sus bondades o debilidades, se aplica mal".
DÉFICIT
Con respecto al déficit y al reparto del objetivo, Montero ha subrayado que las comunidades están obligadas a hacer un esfuerzo ocho veces mayor que el del Estado pese a que son ellas las que prestan los servicios básicos y ha añadido que tras ese reparto "no hay una historia de buenos o malos" sino que se esconde una "concepción de la política", de que "las autonomías son despilfarradoras y no emplean bien sus recursos cuando los datos ponen en evidencia lo contrario".
De igual modo, Montero cree "se esconde un reparto desigual de las políticas" y ha afirmado que estaría "dispuesta a que ese mayor margen de déficit lo tuvieran los ayuntamientos o el Gobierno si fueran los que proveen los servicios de Educación, Sanidad o Dependencia".
ENTREGAS A CUENTA
Por otra parte, la responsable andaluza se ha referido a los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año y ha confiado en que puedan ser algo expansivos aunque ha advertido de que habrá que esperar a conocer los datos de las entregas a cuenta que el Gobierno central facilitará el 30 de julio y que suponen el 90 por ciento de los ingresos para la región.
En esa línea, ha confiado en que la incipiente recuperación económica se pueda traducir en una mayor capacidad de ingresos para la comunidad autónoma y también que "se constate en la práctica un volumen mayor de entregas a cuenta que sirva para recuperar los derechos de la ciudadanía" y se inicie una "senda de disminución de la presión fiscal".
Al respecto de la negociación de los presupuestos, Montero ha dicho que la "vocación" es que sean "referente para que cada fuerza política se sienta representada con las medidas" y ha ofrecido la "mano abierta" a que todos los partidos puedan hacer propuestas pero no ha ocultado que Ciudadanos será "especialmente importante porque es el único grupo que ha apoyado la investidura y con el que coincidimos en gran parte de las medidas y los compromisos".
TRANSPARENCIA Y SUELDOS
Por último, con respecto a los sueldos de los consejeros y el hecho de que se conozcan al detalle, Montero ha dicho que es "buena" esa transparencia y, sobre si la cuantía es alta o baja, ha dicho que "depende con que se compare". "Si se compara con familias medias, con muchas dificultades para llegar a fin de mes o si se compara con la responsabilidad, con otras administraciones públicas o con los que se paga en la empresa privada, estaría por debajo de esos salarios", ha dicho.
No obstante, la consejera ha advertido de que es "importante" que "un bajo salario no vaya a ser disuasorio para que personas con talento y capacidades se puedan quedar en el camino y no incorporarse a la actividad pública".
